Más Información
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/44LCCP2ZPNGUVAAJIOJ3KMIYOU.jpg)
justiciaysociedadeluniversal.com.mx
El juez Quinto de Distrito con residencia en Iguala, Guerrero, ordenó la aprehensión de tres policías federales y dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) involucrados en los actos de tortura contra una civil, que ocurrieron el 4 de febrero de 2015, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso y que se difundieron la semana pasada en redes sociales.
Al acreditar el cuerpo del delito, la Procuraduría General de la República (PGR), por medio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales obtuvo los mandatos judiciales.
La dependencia informó que cuatro de las órdenes de aprehensión se cumplimentaron en contra de dos policías federales, un capitán y una soldado policía militar.
Mientras que la detención de la mujer policía federal que se observa en el video, en el momento en que coloca una bolsa de plástico en el rostro de la víctima para cortar la respiración a la detenida, está por concretarse.
Las órdenes de aprehensión libradas en contra de dos elementos de la Policía Federal se ejecutaron ayer, y los inculpados ingresaron al Centro de Reinserción Social de Iguala, Guerrero.
Sobre la orden de captura girada contra los dos miembros del Ejército, se detalló que ésta “será ejecutada en reclusión, ya que actualmente están privados de su libertad en una prisión militar”, informó la PGR.
Aunque los hechos ocurrieron hace más de un año, el pasado 14 de abril comenzó a circular en las redes sociales un video en el que se observa a militares y una mujer policía federal con una civil, identificada como Elvira Santibáñez Margarito, a quien sometieron a un interrogatorio ilegal para obligarla a dar información relacionada con el crimen organizado que opera en la zona.
La Defensa Nacional informó que el 10 de diciembre de 2015 se enteró del actuar de algunos de sus elementos y notificó de la posible comisión de delitos al agente del Ministerio Público Militar, quien integró la averiguación previa correspondiente.
El 5 de enero de 2016, la Procuraduría General de Justicia Militar cumplió con la orden de aprehensión en contra de dos militares, como presuntos responsables de desobediencia.
En el fuero de guerra, el juez Quinto Militar dictó el auto de formal prisión el 11 de enero y fueron internados en una prisión castrense.
La PGR, por medio de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura (UEIDT), adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, inició la averiguación previa el pasado 7 de enero.
“Una vez desahogadas las diligencias de ley y habiendo acreditado los elementos del cuerpo del delito, descritos y previstos en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en contra de cinco servidores públicos y consignó el expediente ante la autoridad jurisdiccional, que obsequió las órdenes de aprehensión”, informó la PGR.
Un día después de la difusión del video, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, informó que la elemento que aparece en el video y que hoy se encuentra en el Centro de Mando, se le inició un proceso ante el Consejo de Honor y Justicia.
La escena motivó a que el sábado pasado, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, ofreciera una disculpa pública a la sociedad agraviada por actos de tortura cometidos por sus elementos.
Ante más de 30 mil efectivos de distintos rangos que se congregaron en el Campo Militar número 1-A, Cienfuegos Zepeda enfatizó que en esa institución no se tolerarán esos actos y quien los cometa no es digno de formar parte de las Fuerzas Armadas.
El lunes, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, también pidió perdón a la sociedad y aseguró que esas acciones no se tolerarán en la Policía Federal y se tomarán las medidas necesarias para que no se repitan; en su turno, el comisionado Galindo reprobó los hechos.
