A seis años, Mando Único opera en 17.5% de municipios

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A casi seis años de que se propuso por primera vez la aplicación del Mando Único, con el que se busca mejorar la capacidad operativa y de reacción de los cuerpos de seguridad, en 17.5% de los más de 2 mil municipios que integran las 32 entidades del país, trabajan con este esquema.

Bajo este modelo reciben seguridad al menos 15 millones de personas que habitan en las 10 ciudades más importantes donde se instrumenta: Saltillo, Coahuila; Durango, Durango; Guanajuato, Guanajuato; Monterrey, Nuevo León; Mazatlán, Sinaloa; Pachuca, Hidalgo; Cancún, Quintana Roo; Xalapa, Veracruz; Zacatecas, Zacatecas; así como en las 16 delegaciones del Distrito Federal, y todos los municipios de Aguascalientes y Campeche (11 por cada entidad).

El Mando Único opera en 16 estados, pero sólo Aguascalientes y Campeche modificaron sus leyes para su implementación en su totalidad. En el caso de Nuevo León también se legisló en el Congreso local para su operación en los ayuntamientos; sin embargo, en la actualidad dos municipios de los 51 que lo integran no están bajo este modelo.

En otras entidades no se reconoce la existencia del Mando Único, sino que se mantiene una estrategia “híbrida”. Tal es el caso de Jalisco, donde el gobernador propuso en su primer año de gestión la creación de la Fuerza Única de Jalisco (FUJ), conformada por elementos estatales y de seguridad municipal, que puede operar en el estado.

En Coahuila y Durango (zona de la Laguna) el mando está a cargo de las Fuerzas Armadas. La misma situación se presenta en Tamaulipas y Sinaloa, puesto que en algunos municipios se desarrollan operativos que están bajo el control de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El Distrito Federal es el único punto del país donde el Mando Único siempre ha existido, lo que ha permitido a las autoridades federales tomar como referente a la capital del país, para replicar la medida.

Reportes de secretarías de Seguridad Pública estatales, así como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que sólo 360 de los 2 mil 46 ayuntamientos (17.5%) que integran las 32 entidades trabajaban con la acción de seguridad propuesta durante la 38 reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se realizó en marzo de 2010, en Michoacán.

La estrategia policial también se aplica de forma parcial en los estados de Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Hasta septiembre del año pasado, de acuerdo con los registros del SESNSP, mil 762 ayuntamientos firmaron el pacto para la conformación del Mando Único; sin embargo, sólo en 360 de ellos se instrumenta.

Sonia Yadira De la Garza Fragoso, fiscal General de Durango, asegura que la implementación del modelo ha tenido éxito en la zona de La Laguna.

“En la región de La Laguna es un ejemplo exitoso el Mando Único, está a cargo de un general en la zona metropolitana de Coahuila y Durango. Ha permitido la disminución de los delitos de alto impacto, como homicidio y secuestro, en más de 50%, y ahora se trabaja en el delito de robo”.

Reconoce que conforme se ajuste el esquema deben efectuarse algunos cambios, pues “no es lo mismo Chiapas que el norte del país. Creo que van a tener que tomar medidas de carácter regional para ir modificando las necesidades de los mandos únicos, y regionalizar las decisiones en cuanto a las estrategias de seguridad”.

El secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermudez, considera que el modelo “es un escalón a la seguridad. Operativamente sí es un gran beneficio inmediato el tener una sola estrategia, un solo mando y una logística, y por supuesto una sola idea y principios de operación, tanto tácticos como estratégicos. No es la solución al problema de inseguridad, pero sí suma en la parte táctica y operativa”.

Cuestionamientos. Especialistas consultados por EL UNIVERSAL señalan que no se puede medir a nivel nacional si el Mando Único es eficaz para combatir la inseguridad del fuero común y federal, debido a que cada entidad ha instrumentado su modelo según sus conveniencias.

Indican que el modelo está politizado y tiene de fondo la asignación de recursos que entrega la federación a los ayuntamientos, por lo que antes de conformar el modelo las autoridades deben mejorar los procesos de selección y reclutamiento de los cuerpos de seguridad, así como la calidad de vida de los policías, de lo contrario no se tendrán resultados en el corto plazo.

Javier Oliva, especialista en seguridad nacional y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que “la idea del Mando Único es centralizar el reclutamiento, adiestramiento, equipamiento, tecnología, para con esto abatir la corrupción y contar con corporaciones policiacas municipales y estatales adecuadas. Sin embargo, han pasado años desde que se inició esta etapa en la lucha contra la delincuencia y no hay avances consistentes”.

Gerardo Rodríguez, coordinador académico del Centro de Estudios sobre impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), considera que “hay varios modelos de Mando Único en el país. En la mayoría de ellos existe una coordinación y reconocimiento a los gobernadores y secretarios de Seguridad Pública. No ha avanzado porque el modelo constitucional en México le da facultades a los alcaldes y no están dispuestos a dejársela a los gobernadores, porque no pertenecen al mismo partido. Es necesario que no se politice la seguridad como en Morelos, así como el tema de los recursos que reciben las alcaldías”.

María Elena Morera, directora de Causa en Común, refirió que “el Mando Único no cumple con el sistema de desarrollo policial, así como con el servicio profesional de carrera, por lo que es superficial que los gobernadores y los municipios se peleen por quién lleva el control, por saber quién se queda con los recursos. Además, lleva un tema político, no piensan en los ciudadanos, mucho menos en los policías”.

Armando Rodríguez, integrante e investigador del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (Casede), explica que “lo que hay de fondo es que los ediles se niegan a ceder la facultad de ejercer la seguridad, y principalmente de acceder a los recursos de la federación; además de que la delincuencia organizada presiona para que los alcaldes rechacen el mando”.