PGR inicia el proceso de extradición

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Tras la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, la Procuraduría General de la República (PGR) activó el proceso de extradición que existe en su contra, por lo que se notificará al líder del Cártel de Sinaloa de las dos solicitudes formales que presentó el gobierno de Estados Unidos para que comparezca ante la justicia de ese país.

La dependencia explicó que a pesar de la existencia de seis amparos promovidos por la defensa de El Chapo para tratar de frenar su extradición, por el momento no existe ningún mandamiento judicial que le impida a la PGR cumplimentar las dos órdenes de aprehensión con fines de extradición que enfrenta el capo sinaloense.

Al detallar el estado actual de los dos procedimientos de extradición que están vigentes, la PGR explicó que los días 16 de junio y 31 de agosto de 2015 el gobierno de Estados Unidos presentó de manera formal ambas solicitudes, con el fin de que sea procesado por los delitos de asociación delictuosa por importar, poseer y distribuir cocaína, delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego, entre otras imputaciones.

Derivado de lo anterior, el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) validó la legalidad de ambas peticiones los días 25 de junio y 3 de septiembre de 2015, por considerar que cumplen con los requisitos formales que establece el Tratado Bilateral de Extradición entre México y Estados Unidos, por lo que fueron turnadas a la procuraduría.

Tras un análisis de ambas acusaciones, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales promovió dos órdenes de aprehensión provisionales con fines de extradición ante juzgadores federales, las cuales fueron autorizadas por los Juzgados Tercero y Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Distrito Federal, con fechas de 29 de julio y 18 de septiembre de 2015.

Hasta antes de la recaptura el procedimiento de extradición se encontraba en este punto, pero ahora que puede ser notificado dentro del penal federal de El Altiplano, la PGR dará inicio a ambos procesos.

El Chapo tendrá un plazo de tres días naturales para presentar un escrito en el que argumente que su traslado a Estados Unidos no es posible por encontrarse en una de las excepciones previstas en la Ley de Extradición, es decir, que se le esté confundiendo con otra persona, que podría ser condenado a una pena inusitada, como la pena de muerte, o que se le vaya a juzgar en la Unión Americana por el mismo delito que en México.

El capo cuenta además con 20 días para acreditar que su caso cae en dichas excepciones, término que se puede extender a decisión del juzgador federal. Con estos elementos, los dos jueces de Distrito que libraron las órdenes de captura con fines de extradición que enfrenta Guzmán Loera tendrán que emitir una opinión jurídica sobre la legalidad de la solicitud de dicho proceso, para que finalmente la Cancillería emita los acuerdos correspondientes en una plazo máximo de 20 días.

Una vez que la Secretaría de Relaciones Exteriores emita el acuerdo para conceder la extradición de Guzmán Loera a Estados Unidos, él tiene derecho a promover nuevos juicios de amparo en contra de dicha resolución.

Incluso si pierde los amparos promovidos por jueces de primera instancia, su defensa puede presentar recursos de revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito, pero si vuelve a perder dichos recursos, el proceso de extradición se puede concretar.

A pesar de que solamente existen dos procesos de extradición en su contra, Joaquín Guzmán Loera enfrenta seis acusaciones formales en Cortes de Distrito de los Estados Unidos de América, sumando 21 cargos penales, 13 de ellos por asesinato.

Las imputaciones en contra de El Chapo Guzmán ante Cortes de Distrito en Estados Unidos han sido formuladas por el Distrito Sur de California (1995), Distrito Este de Nueva York (2009), Distrito Norte de Illinois (2009), Distrito de New Hampshire (2011) y Distrito Sur de Nueva York (2012).

Los cargos van desde conspiración para el tráfico de drogas y lavado de dinero, hasta el asesinato de personas que colaboraban con la DEA como informantes o autoridades mexicanas.