GIEI no podrá tener acceso a militares: Betanzos

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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no podrá entrevistar a los militares del 27 Batallón de Iguala, Guerrero, porque la Constitución precisa que es el Ministerio Público quien está facultado para hacerlo, expone Eber Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), quien ahora tiene a su cargo la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En entrevista con EL UNIVERSAL, puntualiza que el mandato de los expertos, que se extendió por seis meses más, terminará en abril del próximo año sin la opción de una nueva prórroga, pero durante este tiempo contarán con todos los elementos para realizar su función de coadyuvantes técnicos para trabajar nuevas líneas de investigación y búsqueda de los jóvenes.

Betanzos Torres revela que en esta nueva etapa hay avances, por ejemplo, al expediente se incorporaron imágenes satelitales tomadas por la NASA y la Agencia Espacial Europea de lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero, cuando desaparecieron los 43 estudiantes.

¿Qué avances hay sobre las peticiones que hicieron los expertos en la investigación?

—En cumplimiento del mandato que establece la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se establecen medidas referentes a la procuración de justicia, proponer nuevas líneas de investigación y acciones de búsqueda. Implica que hayan tenido total acceso al expediente y, a partir de esta información, han formulado peticiones para que puedan desahogar y contar con todos los elementos que requieran para formarse una opinión sobre las líneas de investigación y localización.

Algunas de las peticiones requieren tiempo en función de decisiones que no corresponden a la Procuraduría General de la República, como es el caso de que los expedientes fueran acumulados en uno solo; la Procuraduría lo solicitó al Poder Judicial, hizo la radicación en un juzgado, pero tiene pendiente decidir la acumulación; también está el tema de la solicitud de imágenes satelitales de la NASA o de otras instancias.

La procuradora anunció que faltaba darle cumplimento a 10% de las solicitudes, ¿entre eso están las imágenes de la NASA?

—Obran en el expediente imágenes de la NASA y de la Agencia Europea. La PGR ha pedido también a las agencias del Estado mexicano que tienen las imágenes satelitales, como el Inegi, que están en expedientes para la ubicación en términos exactos y precisos de los lugares en donde ocurrieron los hechos.

¿Podría precisar cuál es el mandato del Grupo de Expertos?

—El gobierno mexicano solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la petición de las familias, que exista la coadyuvancia técnica de expertos independientes en derechos humanos, proceso penal, en atención a víctimas, para dar atención a las diferentes solicitudes.

El Estado mexicano lo que le solicita a la Comisión Interamericana es que la colaboración técnica se realice en cuatro vertientes: desarrollar nuevas líneas de investigación que ayuden al esclarecimiento de los hechos, orientar acciones de búsqueda, establecer un plan de atención a víctimas y generar políticas públicas para atender la problemática de la desaparición en el país.

El mandato se concreta a labores de planes de investigación, que son puestos a consideración del Ministerio Público, quien los desarrolla.

¿Es decir, que no podrán tener contacto con los militares como ellos quieren para entrevistarlos?

—Es el Ministerio Público quien ejerce la acción penal en México y todas las tareas de investigación que ello requiere; así lo establece el artículo 21 de la Constitución.

¿Será posible ampliar el tiempo del Grupo de Expertos cuando terminen los seis meses?

—El Estado mexicano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una prórroga conclusiva de seis meses; termina el mandato de los expertos en abril del próximo año.

¿No habrá más tiempo?

—Fue una prórroga conclusiva lo que solicitó el Estado mexicano, que fue acordada por la Comisión Interamericana en su momento.

¿Hay alguna indemnización para las víctimas?

—Se está trabajando en eso junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; estamos en cercanía con el grupo para brindar todas las facilidades para proceder a la reparación de las víctimas directas e indirectas que decidan acudir al beneficio. La PGR está en la mejor disposición de colaborar en lo que sea necesario.

Sobre el grupo colegiado que busca integrar la PGR para revisar el caso, ¿nos puede decir cuántos aceptaron y quién declinó?

—Se invitaron a especialistas con el mayor reconocimiento. Necesitamos personas que por sus antecedentes de práctica laboral hayan tenido conocimiento de actividades similares como las que se están solicitando. Son especialistas del más alto nivel. La Procuraduría giró las invitaciones y 12 expertos aceptaron, uno declinó por motivos profesionales. Estamos pendientes de recibir tres respuestas.

Si el Grupo de Expertos no acepta los resultados, ¿qué va a pasar?

—Los especialistas son los que nos permitirán dilucidar lo que será puesto a consideración del juez sobre esa línea de investigación.

¿Se mantienen los indicios de que la esfera política está coludida con el crimen organizado en la entidad en este caso?

—Me parece que las consignaciones que ha realizado la Procuraduría hacia el ex alcalde [José Luis Abarca] y las policías [de Cocula e Iguala], habla de una vinculación con la delincuencia organizada a partir de la infiltración de esas autoridades locales.

En el máximo nivel del gobierno municipal han estado infiltrados por el crimen organizado, es una postura que los hechos plantean y será el Poder Judicial el que decida, aunque todos los elementos apuntan a ello.