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La liberación de cuatro militares involucrados en los hechos de Tlatlaya no libera al Ejército mexicano, ya que tres de sus elementos siguen procesados por homicidio, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quen representa a Clara Gómez González, ubicada como la testigo “Julia”.
A través de un comunicado, el centro indicó que “la información que circula en la opinión pública debe llamar la atención sobre la actuación de la PGR, que al ser quien acusa debe presentar cargos penales sostenibles jurídicamente, garantizando los derechos de las víctimas y realizando una investigación exhaustiva y diligente”.
También, señaló el comunicado, debe llamar la atención sobre la actuación del Poder Judicial Federal, garante del debido proceso para todas las personas sujetas a procesos penales, incluidas las víctimas.
“De persistir la PGR y el PJF en su patrón de actuación, podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”, opinó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
El comunicado precisó que el Centro de Derechos Humanos aún no conoce el contenido de la resolución que permitió la liberación de los cuatro militares en el caso de Tlatlaya.
“Nuevament,e a través de los medios de comunicación, la principal testigo y sobreviviente del caso Tlatlaya, quien es representada legalmente por este Centro de Derechos Humanos, tuvo conocimiento de la liberación de cuatro elementos de la Sedena involucrados en los hechos del 30 de junio de 2014. La resolución no ha sido notificada a Clara Gómez González, conocida como la testigo Julia, en una reiteración de la falta de reconocimiento de su calidad de víctima tanto en el fuero civil como en el fuero militar”, explicó.
Con base en la información de los medios, indicó, el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México ordenó la libertad de estos cuatro elementos, continuando sujetos a proceso penal federal otros tres, en cumplimiento a una determinación del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México.
“Frente a las voces de distintos actores que aluden a esa resolución como una exoneración de la responsabilidad del Ejército en la masacre, es preciso recordar que tres elementos del Ejército Mexicano siguen procesados por homicidio, es decir, por una violación grave a los derechos humanos como es la ejecución arbitraria”, refirió.
Para el Centro de derechos humanos “los señalamientos sobre autoría material de las ejecuciones por parte de tres activos de las Fuerzas Armadas son consistentes con los dichos de las sobrevivientes y se sostienen hasta el momento; ello no implica que el resto de los involucrados sean ajenos a la comisión de conductas ilícitas, dado que incurrieron en encubrimiento y en alteración del lugar de los hechos. En otras palabras, el Ejército no ha sido exonerado”.
A más de un año de los hechos, recordó que la Comisión Nacional de derechos Humanos resolvió en la Recomendación 51/2014 “que entre 12 a 15 personas fueron arbitrariamente privadas de la vida, en un contexto distinto al de un enfrentamiento; resolviendo además la violación a otros derechos como a la verdad, al acceso a la justicia y a la integridad personal respecto de las sobrevivientes”.
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