“La desaparición forzada, alarmante”

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Luego de asegurar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no está para derribar ningún gobierno, sino para hacer recomendaciones a los Estados, el órgano que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aseguró que México enfrenta una grave crisis en derechos humanos.

En conferencia, Rose-Marie Belle Antoine, presidenta de la CIDH, enfatizó que el país se caracteriza por la situación de extrema violencia e inseguridad, graves violaciones a derechos humanos, específicamente en desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

“La CIDH constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación de extrema inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, migrantes, desplazados internos, mujeres, niños, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, entre otros”, dijo.

Acompañada por el primer vicepresidente del organismo, James Cavallaro; los comisionados Felipe González, Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, la experta refirió que la condición por la que atraviesa México se debe a la “situación estructural que padece desde hace décadas”. Recordó que se cumple el 47 aniversario del 2 de octubre de 1968. “La masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual, del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto”.

Luego de visitar el Distrito Federal, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz, la presidenta de la CIDH comentó que las voces de las víctimas apuntan a que la procuración de justicia en México es una simulación.

Al presentar las observaciones preliminares detalló que “la magnitud que tiene la problemática de la desaparición de personas en México es alarmante”. Mientras que la violencia contra familiares de víctimas y defensores de derechos humanos “es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia”.

En ese sentido, Rose-Marie mencionó que, de acuerdo con los testimonios que recabaron durante su estancia en el país, “la violencia y el amedrentamiento buscan acallar las voces que más necesita México”, y que la falta de acceso a la justicia creó una situación de impunidad de carácter estructural.

Señaló que casos como Tlatlaya y Tanhuato, preocupan a la CIDH al ver que los testimonios e indicios sugieren que fueron casos de ejecuciones extrajudiciales.

“La CIDH constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una simulación”, reiteró.

Recomendaciones. La CIDH formuló 21 recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.

“La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es una causa y consecuencia de la impunidad que persiste en la llamada guerra sucia y que ha propiciado su repetición hasta el día de hoy”, indica el documento.

La CIDH recomendó establecer un registro nacional de restos no identificados; maximizar los esfuerzos en la búsqueda de fosas clandestinas, fortalecer las instituciones forenses, elaborar un diagnóstico sobre desplazamiento forzado.

Además, eliminar la figura del arraigo, crear un registro único de personas detenidas, crear una institución autónoma de servicios forenses, tomar medidas en casos de uso indebido de la fuerza, adoptar medidas de protección específicas de protección a familiares de víctimas que estén en peligro, y una ley sobre desaparición forzada y otra de tortura, entre otras.

Ayotzinapa. Sobre la desaparición de los 43 normalistas, urgió al Estado mexicano a esclarecer la verdad, determinar las responsabilidades penales correspondientes y acatar las observaciones del GIEI.

Dijo que como parte de la investigación que hacen los expertos, se debe permitir entrevistar a todos los testigos, incluidos los soldados del 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala.

Mencionó que la indagatoria que tiene abierta la Procuraduría General de la República tiene que ser llevada por la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR; se debe designar a un fiscal especial con el visto bueno del GIEI, además de renovar a todo el equipo de investigación; las pesquisas se deben reorientar a fin de seguir todas las líneas que sugiere el GIEI, “las cuales distan de las hipótesis, bajo la cual se han realizado las investigaciones de la PGR”.