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El próximo 4 de noviembre se exhumará el cuerpo de Julio César Mondragón, estudiante de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, asesinado y desollado en septiembre de 2014, a partir de que el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal local en Iguala autorizó que se realice una segunda necropsia. Es sólo un paso en busca de esclarecer este caso, en el que la abogada de la familia advierte que incluso el proceso contra los inculpados, que se realiza en el estado de Tamaulipas, retrasa el obtener justicia.

La abogada Sayuri Herrera explica a EL UNIVERSAL que la fecha para la diligencia se fijó en común acuerdo con la procuradora general de la República (PGR), Arely Gómez.

En la exhumación, traslado y resguardo del cuerpo de Julio César participarán autoridades judiciales del Estado de México, Guerrero y el Distrito Federal, para ofrecer a los peritos del equipo argentino de antropología forense las condiciones necesarias para el peritaje que se prevé durará una semana.

Destaca que con este nuevo examen y con la inclusión de 28 fotografías que tiene la familia y que no se agregaron a los primeros dictámenes, se podrían sumar los delitos de tortura y ejecución extrajudicial. “Queremos enderezar lo más posible las acusaciones, esclarecer las condiciones y la causa por la que murió Julio César. Es muy importante que se alcance la verdad de lo que ocurrió”.

—¿Cuál ha sido la evolución de la segunda necropsia desde que se aprobó la exhumación?

—Inicialmente pedimos que se hiciera el 30 de septiembre porque era cuando los seis peritos del equipo argentino de antropología forense podían trabajar. La dificultad de que en Iguala haya tres expedientes sobre el caso Ayotzinapa es que se tiene que notificar a la defensa de los 22 policías inculpados y a la del ex alcalde José Luis Abarca. Esa fragmentación del caso nos ha retrasado.

Otro asunto es que en el Estado de México no existe el aparato de rayos X que se necesita. El equipo que se requiere para saber qué le pasó a Julio César está en la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR. Ahí podremos saber si hubo cortes, si quedaron evidencias en el hueso, o si la pérdida de su rostro fue por interferencia de la fauna local.

—¿Personal del Estado de México participará como observador?

—A ellos les correspondería diligenciar la primera parte. La exhumación la hará el equipo argentino, pero el Edomex debe facilitar todas las condiciones materiales, el traslado, poner todo lo que esté de su parte. Participarán cuatro jueces: el de Iguala que acordó la solicitud de exhumación; a la jueza Verónica Contreras, de Tenancingo, le corresponde la diligencia. Estamos entrando a una etapa en la que el Poder Judicial tiene la oportunidad de recomponer todos los malos manejos de las autoridades investigadoras y procuradoras de justicia.

¿Prevé un cambio en la ruta de la investigación al incluir las fotografías que la familia tomó al cuerpo de Julio César y las que los peritos de Iguala no agregaron inicialmente?

—Son 28 fotografías con las que buscamos enderezar lo más posible las acusaciones, esclarecer las condiciones y la causa por la que murió Julio César. Eso le brindará tranquilidad a la familia. También es muy importante que se alcance la verdad de lo que ocurrió.

Todavía vendrá una etapa muy difícil porque hay un sinnúmero de acusados que están argumentando tortura, que fueron detenidos de manera arbitraria, gente de la que no tenemos certeza de sí participó o no. A pesar de tener las pruebas y de los dictámenes, es preocupante saber a quién se va a responsabilizar de esto. Si se utilizan chivos expiatorios, es lo mismo. Es impunidad. Lo que le ocurrió a Julio César es una ejecución extrajudicial. Además, hay que fortalecer lo que la familia insiste, que fue torturado.

—¿En los delitos de tortura y ejecución extrajudicial estima que pasen al fuero federal?

—Es posible.

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