Inicia fiscalía para personas desaparecidas con 846 casos

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La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertos 846 expedientes por personas desaparecidas, principalmente en Guerrero —focalizados en el municipio de Iguala—, así como en los estados de Jalisco, Coahuila y Tamaulipas.

Las averiguaciones previas estarán a cargo de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos Torres, explicó que la fiscalía especializada, que comienza hoy operaciones, aplicará los más altos estándares internacionales para la búsqueda de personas desaparecidas.

“El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir del anuncio de la procuradora en atención a la instrucción del Presidente de la República, tiene como objetivo la búsqueda de personas desaparecidas. Está centrado particularmente en la búsqueda con vida”, dijo el subprocurador.

Detalló que lo más importante es que la fiscalía ofrece a las familias una instancia especializada en las que sus ministerios públicos tendrán la única tarea de buscar a estas personas con todas las herramientas que el sistema legal ofrece.

“Además se adapta a los más altos estándares internacionales para la atención de la problemática en el sistema universal como la propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Hoy se da respuesta al planteamiento de las organizaciones internacionales de contar con la fiscalía para privilegiar la búsqueda de las personas”, enfatizó.

Betanzos Torres explicó que la fiscalía empata con el Protocolo Homologado para Búsqueda de Personas y la Persecución del Delito de Desaparición Forzada para que todas las instancias de procuración de justicia compartan la información que resulte clave para la localización de personas.

“La fiscalía tendrá más recursos humanos y materiales para poder cumplir cabalmente con el encargo. Tendrá más ministerios públicos”, sostuvo Eber Betanzos, al recordar que ha sido una de las demandas que han planteado los colectivos de familiares de las víctimas.

Mayor participación. El subprocurador Betanzos Torres mencionó que se formarán grupos de trabajo con el propósito de que si en otra instancia de la Procuraduría General de la República se tiene abierta una averiguación previa, puedan participar con la fiscalía en el desarrollo de líneas de investigación para tener un desahogo más efectivo y rápido.

“Las familias colaboran de manera importante en proporcionar a la PGR información valiosa sobre lugares en donde hay indicios que lleven a la localización de personas desaparecidas, ese trabajo se va a fortalecer con la fiscalía. Será un trabajo muy cercano con los familiares de las víctimas”, enfatizó el funcionario.

De los 846 expedientes que pasarán a la Fiscalía Especializada, el subprocurador de la PGR informó que alrededor de 30% se concentra en el municipio de Iguala.

“Hay algunos casos que son significativos en términos estadísticos, uno de ellos es el de Iguala. El grupo de Los Otros Desaparecidos tiene radicadas sus averiguaciones en la unidad de búsqueda de personas y abarca 30% del total de las averiguaciones que tiene la PGR; otro número importante de casos están en Jalisco, Coahuila y Tamaulipas”, agregó.

El acuerdo, que entra en vigor a partir de hoy, señala que el titular de la fiscalía tendrá la calidad de agente del Ministerio Público de la Federación, que será designado y removido libremente por la procuradora general de la República, Arely Gómez.

El fiscal deberá diseñar, instrumentar, supervisar y evaluar la ejecución de los protocolos relativos a la búsqueda y localización de personas desaparecidas e identificación forense, los cuales deberán ajustarse a los estándares científicos reconocidos internacionalmente.

Establecerá mecanismos de coordinación y de colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las Comisiones de Derechos Humanos Estatales, y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la defensa de las garantías de las víctimas.