La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJEM) remitió a la Procuraduría General de la República el expediente de los hechos registrados el pasado 22 de mayo en el municipio de Ecuandureo, donde perdieron la vida 42 civiles y un elemento de la Policía Federal.

El expediente que entregará la procuraduría del estado a la PGR consta de pruebas periciales especializadas en medicina forense, criminalística, balística,  química, incendios y explosivos; dactiloscopía, planimetría, mecánica de hechos, genética, fotografía, inspección ocular, ingeniería y reconstrucción de hechos.

"Con este acuerdo de incompetencia, será el Ministerio Público de la Federación quien continuará con la investigación en el marco de sus atribuciones y facultades", explicó la dependencia.

La Fiscalía, puntualizó, que con este acuerdo de incompetencia, será el Ministerio Público de la Federación quien continúe con la investigación correspondiente, al estar involucrados elementos de las fuerzas federales.

Esta medida ya había sido advertida hace unos días por el gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, quién tajante advirtió que ya había dado carpetazo al “Caso Tanhuato”.

Los 42 civiles -presuntamente armados- que murieron al interior de ese predio de 112 hectáreas, ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Zamora,  han sido relacionados por las autoridades federales como integrantes del Cartel Nueva Generación (CJNG), que opera principalmente en Jalisco y que se ha extendido a Michoacán, Colima, Guanajuato y recientemente al Distrito Federal.

Al menos 39 de los muertos a tiros, eran originarios de Ocotlán, Jalisco, uno del municipio de Tala y los otros dos de Michoacán.

Los hechos ocurrieron en las primeras horas del viernes 22 de mayo, sobre el kilómetro 370 de la Autopista de Occidente México-Guadalajara, donde también perdió la vida un elemento de la Policía Federal.

De los 42 civiles muertos, falta uno por identificar quién a pesar de sus características corporales, no ha sido reclamado por sus familiares.

Se trata de una persona de entre 40 y 45 años de edad, con tatuajes en todo el cuerpo, entre ellos, unas letras grabadas en el cuello con las iniciales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como distintos nombres de mujeres y centros de trabajo en los que se presume había laborado.

En su momento, el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, explicó que la reyerta se presentó en el marco de la Operación Jalisco, iniciada el pasado primero de mayo, y en seguimiento a una averiguación previa abierta por la invasión a una propiedad que se ubica en el municipio, por parte de personas armadas.

Rubido, explicó, que en el lugar, las autoridades aseguraron ocho vehículos, seis de ellos calcinados, seis  armas largas, dos armas cortas, un lanza granadas activado, un fusil calibre 50, así como un número aún indeterminado de cartuchos útiles.

Esta versión ha sido contradicha por los abogados y familiares de las personas fallecidas, quienes si bien reconocieron que varios de los ejecutados a tiros trabajaban directa o indirectamente para el crimen organizado, también denunciaron que hubo excesos en el uso de la fuerza pública, durante el ingreso en operativo de La PF al Rancho del Sol.

ml

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