CNDH pide a Sedena explicar término 'abatir'

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la documentación con las órdenes e instrucciones para los militares que participaron en el caso Tlatlaya, a fin de analizar su contenido, y que la dependencia explique términos y alcances, ante el uso de la la palabra “abatir”, a fin de que no genere confusión o ambigüedad.

A través de un oficio que envió el 6 de julio pasado, el organismo planteó a la Sedena que “sin prejuzgar la existencia de violaciones a derechos humanos” tome medidas para asegurar que las órdenes, directrices e instrucciones militares, se apeguen al Manual del Uso de la Fuerza y “se evite la utilización del lenguaje que pueda prestarse a confusiones o ambigüedades, que deriven en acciones violatorias a garantías”.

Durante su asistencia al Colegio de México, Luis Raúl González Pérez, explicó que tras los cuestionamientos que realizó el Centro Agustín Pro sobre el uso del término “abatir” en las órdenes que se dieron a los militares implicados en el caso Tlatlaya, se solicitó a la Sedena enviar el documento para poder analizarlo.

“Hemos dirigido un escrito a la Secretaría de la Defensa Nacional y también le pedimos que se tomen algunas medidas cautelares para que se evite esa imprecisión o ambigüedad en los términos que se utilicen”, señaló.

El ómbudsman nacional reconoció que hay una parte del propio texto, “que se refiere a este término [abatir] que ha sido cuestionado, y ahí le pedimos que se analice para que, en su caso se hagan las precisiones, correcciones o alcances que el término tiene”.

Recordó que en el mismo texto de órdenes de la Sedena, también se destaca que cualquier actuación militar debe ser en términos de la ley y respetando los derechos humanos.

Por ello, para que no se genere ningún tipo de confusión o ambigüedad, “hemos pedido a la Sedena que nos mande el documento íntegro para conocerlo completamente”.

Independientemente de los resultados que se tengan, González Pérez, adelantó que emitiría “algunas medidas cautelares” para que se revise o se aclare el uso del término.

Medidas cautelares. En el oficio que firmó el Segundo Visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama, que dirigió al director general de Derechos Humanos de la Sedena, José Carlos Beltrán, el organismo pidió respetuosamente que la dependencia informe el alcance de los documentos denominados “Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario” y “Orden del Relevo y Designación de Mando del Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez”, en uno de los que se incluye el término abatir.

Solicitó que se detalle si las órdenes que contienen “son de aplicación obligatoria para los mandos y tropas militares, si se encuentran vigentes, así como el alcance y términos, remitiendo copia certificada íntegra de dichos documentos”.

La CNDH solicitó al Ejército informar si existen otros documentos “de igual o similar naturaleza en las que se reprodujeran total o parcialmente contenidos similares a los aludidos” en el documento denominado “Orden de Relevo y Designación de Mando del Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez”.

En su oficio pidió que “se tomen medidas para asegurar que las órdenes, directrices e instrucciones militares se apeguen en todo momento a lo establecido en el Manual del Uso de la Fuerza” y que en éstas “se evite la utilización de lenguaje que pueda prestarse a confusiones o ambigüedades, que deriven en acciones violatorias a derechos humanos”.

Reiteró que en caso de que existieran documentos u órdenes vigentes en los que se utilizaran términos como “abatir” u otro similar, sin precisar sus significados y alcances específicos, “respetuosamente le solicito se revoquen o sean modificados en las partes conducentes a efecto de evitar ambigüedades en su acatamiento y aplicación y, en su caso, alcances”. Con estas medidas, dijo el Segundo Visitador, “se busca abonar a que la actuación de los elementos militares tenga directrices claras para prevenir violaciones a derechos humanos y se garantice la seguridad jurídica de todas las personas”.