En lo que va de la actual administración federal, la Procuraduría General de la República (PGR) ha consignado a más de 81% de los presuntos delincuentes a los que sometió a la medida cautelar del arraigo, revela un reporte de la dependencia.

El Ministerio Público de la Federación ha utilizado la figura jurídica con 954 personas presuntamente relacionadas con los delitos de delincuencia organizada, secuestro, lavado de dinero, contra la salud y por violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Se trata de 831 hombres y 123 mujeres que permanecieron en el Centro Federal de Arraigo de la PGR, que se ubica en el Distrito Federal.

De 2013 a marzo del año en curso, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) consignó a 780 personas que se encontraban bajo arraigo, lo que representa 81.7% de las personas que quedaron sujetas a investigación bajo esta medida, que es utilizada como herramienta para combatir el crimen organizado.

En respuesta a una solicitud de información, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR detalló que en 2013, la dependencia que ahora encabeza la procuradora Arely Gómez, utilizó la figura jurídica en 626 personas, de las cuales 73 eran mujeres.

Mientras que en 2014, 289 presuntos delincuentes fueron arraigados, 44 eran mujeres; en tanto que, este año 33 varones fueron arraigados, así como seis mujeres. En el documento, la PGR indicó que de 2008 a lo que va de 2015, nueve mil 944 personas fueron investigadas por la posible comisión de delitos bajo esta modalidad.

El arraigo fue utilizado por la administración anterior con más frecuencia; a partir de 2013, la PGR se ha pronunciado por aplicarlo únicamente en casos necesarios, cuando no existan opciones para allegarse de información o evidencias.

De acuerdo con las cifras de la dependencia, en 2008 fueron arraigadas mil 210 personas, en 2009 aumentó a mil 772, para 2010 alcanzó los mil 982 casos; ya para 2011 la cifra se disparó a los dos mil 385. Durante el último año de la administración federal anterior, la figura jurídica se aplicó a mil 641 personas.

A partir de 2013, con el cambio de gestión, la utilización de esta herramienta disminuyó considerablemente. En este año la SEIDO sólo ha recurrido a la medida en 39 ocasiones.

Cabe recordar que el pasado 14 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es constitucional la figura del arraigo al validar el artículo 133 bis del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite a la PGR solicitar la medida en casos de delitos graves.

La decisión tendrá vigencia hasta la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en junio de 2016, a partir de esa fecha, la PGR podrá solicitar la medida cautelar sólo en casos relacionados con la delincuencia organizada.

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