Futuro de Borge está en dos personas

Extradición deberá ser aprobada además por vicepresidenta; cancillería panameña conoce resolución, falta oficializarla
El Tribunal Superior de Apelaciones transfirió el pasado miércoles al gobierno panameño la decisión apelable de admitir o denegar la extradición del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. (ARNULFO FRANCO.AP)
04/08/2017
03:30
José Meléndez / corresponsal
Ciudad de Panamá.
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El futuro del mexicano Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo detenido en una cárcel panameña, quedó en manos de dos de las más importantes figuras políticas de Panamá: Juan Carlos Varela, presidente, e Isabel Saint Malo de Alvarado, vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores.

La decisión final de conceder o rechazar la extradición de Borge a México será adoptada en un plazo de 60 días “al más alto nivel político” en el gobierno de Panamá, como son la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, informó ayer la cancillería panameña a EL UNIVERSAL.

En los 60 días “quizás surjan recursos” que las partes —Borge y su defensa, por un lado, y la Procuraduría General de Panamá (Ministerio Público), por el otro— pueden plantear en una sala de la Corte Suprema de Justicia de este país sobre las medidas que dicte Relaciones Exteriores, precisó.

El Tribunal Superior de Apelaciones de esta ciudad transfirió el pasado miércoles al gobierno panameño, por intermedio de su cancillería, la decisión apelable de admitir o denegar la extradición de Borge, quien hoy cumple 61 días de estar preso en Panamá, de los cuales 56 los pasó en El Renacer, una cárcel cercana a esta capital.

La cancillería confirmó que el tribunal deberá remitirle el fallo y que el estudio estará a cargo de la Asesoría Jurídica de ese ministerio. Aunque espera ser oficialmente notificada del veredicto, “ya lo conocemos” y sólo falta recibir la documentación, aclaró.

“Pero el acuerdo final, al más alto nivel político, será adoptado en conjunto por el presidente y la vicepresidenta y canciller, según convenios internacionales y el Tratado de Extradición entre México y Panamá”, que rige desde 2007, añadió.

La Procuraduría recalcó el miércoles que la cancillería dejó de ser un canal para sólo recibir y entregar papelería entre el gobierno de México y el Órgano Judicial de Panamá, y ahora asumió el poder de decisión del caso, por mandato del tribunal.

Éste órgano negó al ex gobernador la libertad mediante una fianza, ordenó que siga preso en El Renacer y determinó que México cumplió con los requisitos para la extradición.

El trámite empezó el 4 de junio pasado con el arresto del político a solicitud del gobierno mexicano por una orden de captura, emitida por un juzgado mexicano, por el presunto delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, al ocultar o pretender ocultar el destino de diversos bienes de origen ilegal.

En la solicitud formal de extradición que entregó a Panamá el 24 del julio anterior, México amplió los cargos y añadió tres órdenes de detención dictadas por un juzgado de Quintana Roo por los supuestos delitos de aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública.

Borge, de 37 años y gobernador de 2011 a 2016, fue detenido en un avión de una aerolínea comercial en el aeropuerto internacional Tocumen, de esta ciudad, en el que intentó viajar a Francia, y en una primera audiencia el 6 de junio en el tribunal rechazó ser extraditado a México.

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