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alberto.morales@eluniversal.com.mx
El senador por el Partido del Trabajo (PT), Miguel Barbosa, propuso la creación de una comisión del Estado mexicano, integrada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para conocer qué empresas, qué personajes y qué servidores públicos de la vida nacional son financiados por dinero relacionado con actividades del narcotráfico y el crimen organizado.
Luego de la información difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vincula al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez como prestanombres y blanqueadores de dinero del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, Barbosa consideró que sería preciso conocer “cuál es el nivel de penetración del dinero del narcotráfico o del crimen organizado en el deporte profesional, en el mundo del espectáculo y entretenimiento en todas su áreas, y para no dejarlo dicho, en la política”.
“Bien cabría en México una investigación encabezada por una comisión del Estado mexicano, es decir, integrada por miembros de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para conocer la verdad en esta materia”, reiteró el legislador.
“Sería una de esas investigaciones, como han existido en Italia, España, Colombia y el propio Estados Unidos, que desenmascararon a las mafias en esos países”, agregó.
Barbosa Huerta dijo que se debe asumir que las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no tienen la connotación en este momento de acusaciones delictivas por una autoridad, pero que es altamente probable que ya estén corroboradas.
Criticó el papel de la Procuraduría General de la República (PGR), que nuevamente se vio rebasada por autoridades extranjeras, que primero dieron a conocer hechos ocurridos en nuestro territorio y luego la Procuraduría, para justificarse, salió a decir que se trató de una investigación coordinada entre dos países y reparte entre los medios de información carpetas de evidencias probatorias.
“Si el Gobierno de Estados Unidos no hubiera hecho público este escándalo, la pregunta sería: ¿La PGR hubiera llegado al momento de ejercer acción penal en contra de Rafael Márquez y Julión Álvarez? La respuesta es complicada, todo apuntaría a que no, consideró el senador.
Señaló que la PGR está obligada a desahogar esta investigación a la brevedad y no volverla eterna, “sería inadmisible cualquier trato privilegiado para los dos personajes involucrados, como injusto sería fincarles responsabilidades, sólo por satisfacer la posición del gobierno americano”.
Dijo que la molestia general entre la sociedad en contra de Márquez y Álvarez, en caso de comprobarse los hechos, es la derivada de no entender cómo personas que ganan tanto dinero, quieren ganar más y terminan involucrándose con el narcotráfico.
En el caso del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, preso en el penal del Altiplano, Barbosa Huerta pidió a las autoridades que este personaje sea procesado por las leyes mexicanas y no seguir evadiendo la responsabilidad de que los delitos cometidos en México se castiguen por autoridades extranjeras.
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