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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) perfila hoy definir, en votaciones consecutivas, los criterios con los que fiscalizará las campañas, que apuntan a reducir los gastos atribuidos a la Coalición de PRI en Coahuila, pero mantienen en vilo el rebase en los recursos ejercidos en esa campaña.

Al reanudar hoy la sesión del INE tras un receso de 48 horas, se espera que además de los cambios incluidos en los engroses presentados el viernes sobre las revisiones a las campañas de cuatro estados, se presenten más propuestas que modifiquen el escenario.

Las decisiones partirán al organismo en dos bloques de seis contra cinco consejeros, grupos que se prefiguraron desde la Comisión de Fiscalización, donde los proyectos fueron previamente votados y los nuevos criterios discutidos. Los 11 consejeros se reunieron ayer, pero no trataron de acercar posturas.

Como publicó EL UNIVERSAL el viernes, se propone votar criterios relacionados con la matriz de precios a considerar en pago a representantes de casilla, propaganda, producción de spots y casas de campaña. También se analizará el plazo a considerar como límite en que se debieron entregar formatos de no pago a estos representantes y fórmulas de prorrateo.

El tema que más ha atorado los acuerdos es el pago que partidos o coaliciones hicieron a sus representantes de casilla, puesto que deben reportarlo, o presentar formatos de que no hubo recursos.

Al no hacerlo, el Reglamento de Fiscalización ordena cargar como gasto el precio máximo que un partido haya erogado por servicio o producto similar en la entidad.

Por eso, como una salida para destrabar el asunto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Andrade, propondrá —como lo hizo el viernes— que todos los casos relacionados con esa irregularidad se investiguen en un procedimiento oficioso.

Eso dará oportunidad, explicó, a que en 2018 quede claro el procedimiento que se realizará para cruzar información sobre cuántos representantes tuvo cada partido, con los formatos de no pago que se presenten; cómo se prorratearán gastos a las coaliciones y la fórmula de aplicación de matriz de precios; tres problemáticas que hoy enfrenta el INE con relación al tema.

De aceptarse la propuesta, se reducirían las erogaciones cargadas a los contendientes, y con ello sus rebases de topes; sin embargo, hay consejeros en desacuerdo.

En el primer dictamen, a la coalición de PRI, PVEM y Panal no se le admitieron formatos con los que reportó que no pagó a sus 3 mil 503 representantes de casilla, lo que, junto con un cálculo de pago de mil 350 por cada uno, sumó 3.8 millones de pesos a su gasto.

A sus aliados del PVEM se les sumaron 3 millones de pesos por 2 mil 223 representantes y casi 2 millones al Panal por mil 797 representantes. Ambos aseguran tener los documentos y no ser notificados de que el plazo vencía el 30 de junio.

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