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Los cálculos políticos de las bancadas en el Senado fueron uno de los factores que retrasaron el nombramiento del fiscal anticorrupción de la PGR, una de las piezas claves del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), coincidieron especialistas en transparencia y rendición de cuentas.
Con lo cual —dijeron— dejaron “cojo” al SNA y harán mucho más lenta su implementación, que será este 19 de julio, cuando entre en vigor la Ley de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicos.
Luis Carlos Ugalde Ramírez, ex integrante del Comité de Acompañamiento Ciudadano creado ex profeso para la designación del zar anticorrupción, expresó que los legisladores incurrieron en una violación a la carta magna, al no ponerse de acuerdo para designar al fiscal antes del 19 de julio, cuando entra en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la última de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Los senadores violaron la Constitución y eso es una falta grave, y es aún más grave porque el funcionamiento del SNA tiene un eje fundamental, que es el fiscal, que es el que puede sancionar con cárcel a los corruptos, ese es el castigo que duele más, la pena corporal, y cuando un sistema anticorrupción carece de esa parte, se diluyen las sanciones”, afirmó.
Prevalece la impunidad. El investigador de la UNAM, Khemvirg Puente, especialista en temas de transparencia, coincidió que es una falta grave y que lamentablemente queda en la impunidad debido a que no existe ninguna previsión legal para sancionar una omisión de este tipo: “Pueden seguir con sus omisiones por tiempo indefinido, así ha sido con su propia reglamentación en materia de transparencia, no sólo con el fiscal anticorrupción, sino con otros temas, pero en este caso es particularmente grave porque están bloqueando la implementación del SNA”.
Recordó que el sistema requiere del nombramiento del fiscal, no sólo para que funcione el órgano rector de este nuevo mecanismo, sino que también para que se puedan aplicar las nuevas penalidades y sanciones previstas en el Código Penal.
Guillermo Noriega, ex presidente de Sonora Ciudadana, organización civil dedicada a los temas de rendición de cuentas, aseguró que la falta del Senado es más que grave porque revela: “La intención de que no salgan bien las cosas en el sistema le conviene más a los corruptos que a quienes no son, creo que los corruptos de este país quieren dinamitar al SNA a toda costa y acciones como esa, de retrasarlo, porque todos buscan un fiscal cercano, que llegue sin autonomía e independencia, es una acción planeada para decir: o llega uno que me sirva o que no llegue”.
Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseveró que la omisión del Senado es una falta grave que en una democracia tendrían alguna responsabilidad, pero aquí, como tienen fuero, no lo hay.
Expuso que el fiscal es el encargado de investigar y promover la acción penal frente a los indicios de corrupción de los servidores públicos y los particulares, para eventualmente consignarlo ante los tribunales de justicia administrativa: “Al no haber fiscal, no habrá quien presente los casos”.
Difícil, combatir este flagelo. Ugalde Ramírez, también director de la consultoría Integralia, agregó que “sin un zar anticorrupción en funciones, será muy difícil que la PGR pueda hacer una labor para la cual ha sido omisa por décadas”.
Indicó que el Senado postergó el nombramiento por dos razones, porque la Junta de Coordinación Política (Jucopo) —formada por los coordinadores parlamentarios— es una caja negra por donde se procesan todas las decisiones y donde “impera la política del toma y daca, dame esto y te doy aquello, y ese intercambio político lleva a este tipo de cosas donde no se nombró al fiscal porque el PAN quiere una cosa, el PRD otra, y todos quieren intercambiar otros nombramientos, leyes o iniciativas”.
Por un problema coyuntural, donde los partidos quieren sacar raja política, puesto que algunos quieren patear la pelota ya que es una manera de seguir culpando al gobierno de los males del país. Otros quieren resolver primero los temas electorales y vincular decisiones como el pase automático de procurador a fiscal General de la República.
Puente Martínez coincidió que todas las decisiones de los legisladores son de carácter político y basadas en cálculos electorales: “Esta es una de las muchas decisiones que toman basados en cálculos para minimizar sus costos en términos electorales, porque entre más nos acerquemos a 2018 menos querrán tomar una decisión respecto a temas sensibles”.
Sólo se sabe de excesos. Noriega detalló que sin esta pieza clave será más difícil que éste demuestre su fuerza contra la impunidad.
“Si no tenemos un aparato que persiga a los corruptos, la sociedad sólo sabrá de excesos, pero no pasará nada y si no es así, le hace falta el garrote al sistema. Es como correr un maratón con un solo zapato”.
Ugalde Ramírez dijo que ante la falta de acuerdos de los senadores, la fiscalía puede quedar acéfala hasta 2018: “El sistema está empezando a funcionar, pero si una de las siete sillas está vacante, queda cojo”.
Villanueva insistió que desde el punto de vista formal, el SNA no funcionará adecuadamente sin el fiscal, pero aunque estuviera, tiene otros impedimentos porque en el caso del Poder Legislativo, enfrentaría el fuero de los senadores y diputados.
