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Autoridades del gobierno de Quintana Roo presentaron una denuncia penal ante la fiscalía estatal por el presunto desvío de 5 mil millones de pesos que fueron transferidos de manera extraordinaria a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) en el gobierno de Roberto Borge Angulo, recurso que representa 20% del presupuesto anual de la entidad.
Rafael del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de Gestión Pública local, confirmó que presentaron la primera denuncia penal por asignar mil 500 millones de pesos a la Sedaru. Dijo que el dinero no se usó en apoyos para el campo.
Declaró que están por denunciar los recursos transferidos en 2016 por mil 800 millones de pesos, puesto que desde el inicio de la actual administración, en septiembre del año pasado, advirtieron de estos ilícitos que hicieron ex funcionarios entre 2013 y 2016.
Explicó que en los últimos cuatro años transfirieron 5 mil millones de pesos adicionales a la Sedaru. “El dinero se concentraba en la secretaría. Si se hubiera invertido en el campo, no estaría así”.
Informó que presentaron la demanda penal por la transferencia de estos recursos de manera extraordinaria en 2015 y están concluyendo la auditoría de 2016, por lo que en los próximos días estarán presentando otra querella y seguirán con las auditorías de 2013 y 2014.
El funcionario se negó a ofrecer nombres de los presuntos responsables; sin embargo, dijo que son los que estuvieron al frente de la dependencia y tuvieron bajo su responsabilidad el manejo de los recursos.
Agregó que diseñaron un mecanismo para realizar estas transferencias y simularon la entrega de los apoyos e incluso falsificaron documentos.
Indicó que en 2015 todos los recursos fueron entregados a través de un cheque a nombre de un ex funcionario.
Precisó que la primera denuncia se presentó ante la fiscalía y la PGR porque usaron mecanismos propios de la delincuencia organizada.
“No basta”. La captura del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue bien recibida por organizaciones civiles, empresarios y la clase política estatal, quienes coincidieron en que “no basta” con fincarle responsabilidades penales o administrativas, pidieron garantizar que se restituyan los recursos.
Carlos Joaquín González, actual gobernador del estado, dijo que esta detención es el primer peldaño de muchas acciones que aún están por venir. Afirmó que aún se tienen que recuperar muchos de los bienes.
“Es el primer escalón de muchos que tenemos que dar en la lucha contra la corrupción y garantizar la justicia”, declaró.
Agregó: “En Quintana Roo vamos a trabajar en contra de la impunidad”.
Los diputados del PAN, PRD, Panal, Morena, PES e independientes afirmaron que la captura es un claro mensaje de combate a la impunidad, de rendición de cuentas y de que en la entidad no habrá espacio para los servidores públicos que abusen del poder.
Para Raymundo King de la Rosa, líder del PRI en el estado, la detención de Borge Angulo muestra que el gobierno federal abatirá de manera concreta la impunidad.
Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación de Agencias Mexicanas de Viajes, celebró la captura del ex gobernador; sin embargo, pidió que se restituyan recursos y propiedades afectadas durante la pasada administración.
“Después de extraditarlo, procesarlo y sentenciarlo, deben garantizar el resarcimiento del daño. Los mexicanos estamos cansados de que algunos delincuentes escapan y a otros los atrapan; sin embargo, ¿dónde está lo que se robaron?, ¿dónde quedó el dinero de las extorsiones y de los despojos? No es justo que la familia se quede disfrutando de la fortuna que logró al perjudicar al estado. Que le decomisen los barcos, que los rematen y que ese dinero se invierta en obras”, subrayó.
Adrián López, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, expresó: “Lo vemos muy positivo, porque fue parte de lo que exigimos con el cambio de gobierno, pero no es suficiente. Aquí el tema es la reparación de daños”.
Jorge Alemán, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, consideró la detención de Borge como “un acierto para el estado”, que envía un mensaje de cero tolerancia a la corrupción.
