El posicionamiento del presidente Enrique Peña Nieto sobre el caso de e spionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos es “preocupante” e indica que no se realizará una investigación para dar con los responsables sino, por el contrario, para aplicar “todo el rigor de la ley” a quienes denunciaron estos hechos, aseguraron organizaciones civiles.

En un comunicado conjunto, las ONG's señalaron que en su discurso de hoy en Jalisco, el Ejecutivo federal calificó, sin que mediara una indagatoria, como falsas las denuncias de espionaje y e xoneró de antemano a su gobierno de cualquier responsabilidad.

“Dado que la investigación aún no ha comenzado, el mandatario carece de elementos técnicos y jurídicos para afirmar que las denuncias son falsas y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta ahora apuntan en otra dirección”, aseguraron el Instituto Mexicano para la Competitividad, El Poder del Consumidor, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC, Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

“Que el Presidente de la República descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad, pone en entredicho la posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva; de nada sirve que se instruya a que se realice una indagatoria si el Presidente anuncia con antelación su posterior y fallido resultado”.

Por el contrario, denunciaron las ONG's, el Presidente profirió una muy “preocupante amenaza” a las personas denunciantes al decir al final de su discurso: “Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades, y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”.

“Con estas expresiones -señalaron- Enrique Peña Nieto no se comprometió a aplicar todo el peso de la ley a los responsables de las intervenciones ilegales, sino que envió un mensaje amenazante para quienes documentaron técnicamente la existencia de esta ilegal vigilancia. Cuando el Presidente de un país pide que se aplique todo el rigor de la ley a quienes acuden a las instituciones para denunciar los delitos que resienten, se vulnera la esencia misma de la democracia, que son los contrapesos y la rendición de cuentas”.

Las organizaciones calificaron estas declaraciones les despertaron la “más alta preocupación”, por lo que ya las hicieron del conocimiento de las principales instancias de derechos humanos a nivel global.

Añadieron que con sus palabras el Presidente de la República normalizó la gravedad de las denuncias y minimizó las consecuencias en la vida de las personas que han denunciado las intervenciones.

Además, dijeron que es “alarmante” que el mandatario federal acepte que él mismo podría ser objeto de espionaje, ya que esto confirma que en México la vigilancia ilegal está fuera de control.

“En suma, al condenar al fracaso las investigaciones, al normalizar el impacto de los intentos de espionaje en la vida de las personas, al restar importancia a las intervenciones y, sobre todo, al proferir una preocupante amenaza a las y los denunciantes, el Presidente Peña Nieto ha mostrado que no será capaz de investigarse a sí mismo”, subrayaron las organizaciones.

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