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El hecho de que al menos dos de los detenidos por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa fueron torturados para obtener su declaración no afecta la validez de la investigación, sólo anula esas declaraciones, afirmó Alfredo Higuera, fiscal especial del caso Iguala.
“Lo natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad, no necesariamente que se deje sin efecto el conjunto de elementos de prueba”, sostuvo el funcionario.
EL UNIVERSAL publicó que un informe de la Visitaduría de la PGR pone en peligro el caso, al documentarse violaciones al debido proceso, tortura y falsedad en declaraciones.
El fiscal dijo que ocho de los detenidos por su probable relación con los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 acusaron ser víctimas de tortura, por lo que la PGR solicitó que se les aplicara el Protocolo de Estambul (manual para documentar tortura); dos resultaron positivos.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la PGR “diluyó” el documento de trabajo de su Visitaduría para dejar impunes a los responsables de esas irregularidades. “Esto pudiera ser parte de una estrategia de encubrimiento que vulnere el derecho a la verdad y se esté escondiendo el verdadero paradero de los estudiantes y lo que sucedió”.
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