“Corrupción no sólo se da en el sector público”: Yasmín Esquivel

Sistema nacional sancionará a personas físicas y morales, afirma la presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo de la CDMX; tribunales estatales requieren autonomía y recursos, advierte
Yasmín Esquivel Mossa, Presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México (ARCHIVO. EL UNIVERSAL)
10/05/2017
02:13
Diana Lastiri
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La implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en los tribunales administrativos de los estados requiere especial atención en la independencia, autonomía y experiencia de los magistrados que los integrarán, así como asignación de recursos y capacitación, aseguró la presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, Yasmín Esquivel Mossa.

Ahora las entidades federativas tendrán tribunales administrativos que se encargarán de sancionar a funcionarios y ciudadanos que cometan actos de corrupción.

Los tribunales contenciosos locales, que conocían de las sanciones administrativas a funcionarios y sus impugnaciones, se convertirán, en la fase de armonización en 13 estados, en tribunales de justicia administrativa, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Esquivel Mossa dijo que la Asociación de Tribunales de lo Contencioso Administrativo del país busca coordinarse para cumplir con el nuevo papel que tendrán como parte del sistema. Advirtió que uno de los retos es que faltan recursos suficientes para que los tribunales en las entidades federativas hagan frente a esta responsabilidad.

¿Qué falta para estructurar el Sistema Nacional Anticorrupción?

—Los estados tenemos hasta el 19 de julio de 2017 para reformar nuestras constituciones y emitir las leyes secundarias locales. Estamos en ese proceso, en la armonización de la normatividad para darle vida al sistema a nivel entidad federativa. En los otros estados, en su mayoría, únicamente existe la propuesta del Ejecutivo local para reformar su constitución.

En la asociación estamos revisando estos procesos para que los estados cumplan con esa armonización normativa y todos trabajemos con el sistema nacional anticorrupción el próximo 19 de julio. En el caso de la Ciudad de México, falta aprobar el paquete de leyes: la del sistema local anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades, la Ley de la Auditoría Superior de la CDMX y la Ley de Justicia Administrativa de la CDMX, así como la ley orgánica del Tribunal. Esperemos que durante el periodo extraordinario de sesiones la Asamblea Legislativa termine de analizar las propuestas de este paquete que tiene pendientes para emitir las leyes secundarias y cumplir con el mandato constitucional.

¿Se podrán evitar casos como los de los ex gobernadores acusados de corrupción?

—La vamos a poder detectar a tiempo en las auditorías porque uno de los cambios importantes es que se podrán realizar en tiempo real, no como ahora que es un año después. También se cambia el sistema de nombramiento de contralores, que ahora son designados por los titulares de las dependencias. En adelante se harán en la Secretaría de la Función Pública (SFP), tomando en consideración sus antecedentes, experiencia y carrera.

¿Cómo garantizarán que no habrá enriquecimiento ilícito o inexplicable de servidores públicos?

—El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción va a crear la plataforma tecnológica para concentrar las declaraciones 3de3, analizar la situación patrimonial de los servidores públicos y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes. El comité será presidido por un ciudadano, no una institución de gobierno; en este caso le corresponde a la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard, quien será la encargada de los análisis de las declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial de los servidores públicos, para que no tengan una evolución indebida o cantidades que rebasen de acuerdo con los recursos y los ingresos que tienen.

¿Esto es suficiente para evitar enriquecimiento ilícito o conflictos de intereses?

—Es prematuro evaluar un sistema que aún no arranca para saber si va a funcionar o no. Tendremos que esperar a que inicie para saber si funciona y en dónde no reformarlo. Es perfectible, pero tenemos que echarlo a andar para ver cuáles son las fallas.

¿Qué deben hacer los ciudadanos?

—Cualquier ciudadano puede presentar su queja en la contraloría, en la auditoría superior o directamente en el comité para que se investigue a cualquier servidor público que incurra en faltas administrativas.

Actualmente las faltas administrativas prescriben en tres años; con el SNA prescribirá en siete años.

El ciudadano no tiene que llegar a cometer el delito de corrupción para poder actuar contra un funcionario, con la solicitud que le hagan de dinero es suficiente, puesto que debe denunciar o presentar su queja con libertad y por parte del ciudadano debe haber valentía para hacerlo.

¿Cuál es el papel de los tribunales en el SNA?

—El sistema se trata fundamentalmente de que los servidores públicos que hayan hecho mal uso del cargo sean sancionados.

Como presidenta de la asociación vamos a tener una participación muy activa porque ahora van a ser los tribunales administrativos y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quienes vamos a sancionar a los servidores públicos que cometieron faltas administrativas graves.

Pero no sólo a los servidores públicos. Este sistema sanciona a las personas físicas y morales que hayan participado en actos de corrupción, porque la corrupción no nada más se da en el ámbito del sector público.

Actualmente las contralorías de las dependencias sancionan a los servidores públicos, ahora serán los tribunales administrativos y esto es importante porque las dependencias dejan de ser juez y parte.

¿Quiénes conformarán los tribunales administrativos?

—El éxito del sistema está en la autonomía e independencia de los magistrados que se nombrarán.

Tenemos la reforma, tenemos las leyes. No es suficiente porque debemos ver quién va a operar el sistema, que son tanto funcionarios como sociedad civil y los magistrados locales y federales de los tribunales administrativos.

Todos ellos deberán cumplir con los requisitos, pero lo más importante es que cumplan con la autonomía, que no sean personas designadas por consigna, ni políticas ni partidistas, sino que gocen de verdadera autonomía para poder sancionar, porque de lo contrario el sistema no va a funcionar.

Para ello debemos transparentar los procesos, cómo se nombrará a los funcionarios, porque los ciudadanos tienen derecho a conocer quiénes van a operar el sistema.

¿Cuál es el reto?

—El que nos impuso el Constituyente federal y ahora el local, de sancionar a los servidores públicos, lo que amerita que en el tribunal debemos estar perfectamente capacitados para llevar a cabo los procedimientos apegados al derecho y a la justicia.

Estamos en la etapa de capacitación de los servidores públicos de las ponencias que integrarán el tribunal. Tanto en la Ciudad de México como en las entidades federativas se requieren los recursos suficientes para crear las ponencias y las salas que atenderán este tema.

En los estados nos reportan que no se han asignado los recursos suficientes a los tribunales para hacer frente a esta responsabilidad.

Son importantes las reformas pero siempre deben ir acompañadas de un impacto presupuestal.

¿Cuánto es lo que se requiere?

—En la Ciudad de México consideramos que por lo menos requerimos cerca de 150 millones de pesos adicionales a nuestro presupuesto, que hoy se mantiene en 400 millones de pesos. Lo solicitamos hace un mes en la Secretaría de Finanzas pero aún no hay respuesta y requerimos contar con esos recursos antes del mes de julio para echar a andar el sistema.

Todos los estados son diferentes, pero una ponencia con todo el equipo humano de trabajo, que incluye oficiales secretarios, actuarios, personal administrativo, mobiliario, equipo de cómputo, enseres de oficina, todo eso cuesta aproximadamente 15 millones de pesos mensuales.

Entonces, si en un estado se van a crear tres magistrados, son tres ponencias, es decir, 45 millones de pesos en total. En la Ciudad de México la propuesta oscila entre seis y 12 magistrados nuevos, seis y 12 ponencias cada una multiplicada por 15 millones de pesos, según nuestro estudio presupuestal.

Cada estado tiene un estudio presupuestal, requerimientos independientes y necesidades diferentes, pero ese es el aproximado a considerar sobre los recursos.

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