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Una de las ex consejeras del Instituto Electoral de Chiapas fue vinculada a proceso por un juez de control federal, por desempeñar un cargo en el Congreso del Estado en un plazo que estaba prohibido por la ley.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo la vinculación a proceso contra la ex consejera al presentar indicios que aprueban la probable responsabilidad al desempeñar un cargo cuya elección calificó en los dos años siguientes a la conclusión de su encargo, periodo prohibido.
“Con su actuar, la imputada, vulneró el bien jurídico tutelado por la norma, que es la imparcialidad de la autoridad electoral en la toma de decisiones”, detalló la FEPADE.
En Chiapas, la fiscalía ha detectado la comisión de delitos electorales y ha ejercido acción penal en contra de funcionarios y ex servidores que presuntamente realizaron actos ilícitos en los comicios de 2015.
Matilde Espinoza Toledo, alcaldesa de Suchiate, Chiapas, hace unos días recibió auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito electoral de expedición ilícita de credenciales para votar.
La funcionaria, conocida como La Loba, está involucrada en el trámite de actas de nacimiento que acreditaban como mexicanos a guatemaltecos.
“A la inculpada se le atribuye que, como dirigente del PVEM, fue testigo y ayudó a tramitar actas de nacimiento como mexicanos a guatemaltecos y, en otros casos, vendió esas actas, valiéndose de que su esposo era oficial del Registro Civil de ese municipio, para después llevarlos a tramitar de forma ilícita su credencial de elector en los módulos móviles del INE, establecidos en diversas localidades del Suchiate”, informó la PGR.
La FEPADE logró que un juez de Distrito dictara auto de formal prisión a cuatro ex consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas por su probable responsabilidad en el delito de alteración del listado de electores.
Ivonne Miroslava Abarca Vázquez, ex presidenta, y los ex consejeros Carlos Enrique Domínguez Cordero, María Del Carmen Girón López y María de Lourdes Morales Urbina presuntamente alteraron la lista nominal de electores chiapanecos residentes en el extranjero para los comicios de la fórmula de diputado migrante.
Con estas alteraciones, Roberto Pardo Molina, del PVEM, ganó como diputado migrante en los comicios de julio 2015.
La ex consejera presidenta y los tres ex consejeros electorales formaban parte del Comité Técnico Especializado encargado de recabar el voto de los chiapanecos residentes en el extranjero. A ellos se les imputa omitir adoptar las medidas necesarias para corroborar la veracidad de la solicitud de inclusión al listado nominal, puesto que tenían voz y voto privilegiados, lo que se traduce en que dichos funcionarios estaban facultados para evitar que la lista se elaborase en forma fraudulenta.
Por este caso se le dictó auto de formal prisión a Margarita Esther López Morales, relacionada con el fraude cibernético para la emisión del voto por el diputado migrante.
