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La desaparición se convirtió en uno de los delitos que más aqueja a la ciudadanía de Jalisco. Las cifras oficiales colocan al estado como el tercero a nivel nacional con más casos registrados en la última década. En los últimos cuatro años, las cifras pasaron de 987 a mil 950, con cientos de fosas halladas y más de 200 cuerpos.
El fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, da esta entrevista a EL UNIVERSAL para conocer su postura sobre la situación crítica que enfrenta Jalisco en el tema de desapariciones, documentada por este diario en días recientes.
En julio de 2015, dice Almaguer, cuando llegó a esta dependencia se encontró con el hecho de que organizaciones civiles vinculadas al tema tenían que ser escuchadas directamente por el gobernador Aristóteles Sandoval, pues no había una comunicación directa con la fiscalía.
El fiscal, quien recibió una amenaza de muerte por un caso de desaparición cometido por el crimen organizado, acepta las críticas y fallas señaladas por expertos, organizaciones y familiares de víctimas, por lo que fue necesario dar acceso a los expedientes sobre desapariciones de la fiscalía a organismos internacionales, para dar pie a la creación de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, que sería la primera en su tipo.
Almaguer detalla que esta iniciativa consensuada será presentada en la segunda semana de marzo y que fue avalada por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jan Jarab. En enero pasado se trabajó la primera versión y en los próximos días el gobernador del estado la presentará.
El escritorio del fiscal está lleno de papeles: estadísticas de homicidios, desapariciones y un informe sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta organización liderada por Nemesio Oseguera, El Mencho, dice, ha sido responsable de “algunos casos”, sobre todo en las zonas limítrofes del estado. Con la nueva fiscalía se podrían establecer investigaciones para ligar desapariciones y fosas clandestinas realizadas por el grupo criminal.
Almaguer Ramírez tiene confianza en que será posible dar paso a esta iniciativa. Y se compromete a que será un proceso donde el fiscal será una persona “autónoma” que represente a la sociedad civil, ajena a intereses, pues considera que “la autoridad está obligada a instrumentar todos los elementos necesarios para localizar a sus seres queridos y castigar a los responsables”.
¿Qué van a hacer la fiscalía y el gobierno del estado para garantizar la localización de personas desaparecidas en Jalisco?
—Desde que fui ratificado, la primera acción que hice fue buscar al representante de Amnistía Internacional para acercarle toda la información que requiriera, era un tema en el que no sentía claridad. Lo segundo que ordené fue integrar una unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas; lo tercero fue invitar a las organizaciones que tienen este grave problema de sus familiares desaparecidos. Recibimos reclamos, desde no conocer los expedientes hasta que no se habían realizado algunas gestiones o no se daba atención adecuada, sobre todo al interior del estado, porque se focalizaba la atención en la zona metropolitana.
Organizaciones civiles y expertos acusan que no se ha conformado una fiscalía especializada de desapariciones, por lo cual se tipifican con otros delitos…
—Tengo plena coincidencia con esa opinión. Por ello la reforma que se da en 2013 en Jalisco tiene que ver con generar una figura muy clara de desaparición cometida por una autoridad o un particular, y eso es un gran avance, porque efectivamente quedaban en un limbo. Tuvimos un diálogo con las organizaciones, con la presencia del consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar y el Alto Comisionado de la ONU, nos llevó a un punto donde observamos la gran necesidad de tener una estructura con mayor capacidad de gestión que pudiera vincularse con otras estructuras de gobierno. Se llegó a la conclusión de crear la Fiscalía Especializada para Desaparecidos, para ello estableció el gobernador un compromiso con Jan Jarab, el Alto Comisionado para la ONU en México, y un compromiso público para que en menos de 45 días estuviera estructurada esta iniciativa, presentada y autorizada por el gobierno del estado. En este momento está un ex fiscal de Colombia, avalado por el Alto Comisionado, realizando investigaciones de campo que nos lleven primero a tenerla bien estructurada pues en los próximos días el gobernador la presentará al Congreso. Se está trabajando en la materialización de esta iniciativapara cuando sea aprobada por los diputados. Fuimos el primer estado reconocido por las instituciones en abrir nuestros expedientes, no hubo reticencia a que examinaran las acciones positivas, omisiones y acciones no llevadas de forma correcta, para que con ese diagnóstico se pueda elaborar esta iniciativa. Nos llevará a tener algo muy importante que no hay en el país: el análisis del contexto socioeconómico territorial de por qué se está dando este problema en diferentes regiones o en la propia zona metropolitana.
¿Qué avances existen por parte de la fiscalía sobre desapariciones cometidas por el CJNG?
—Hace aproximadamente dos meses realizamos un operativo muy importante en La Barca, logramos sacar a una célula vinculada a este sujeto de nombre Nemesio Oseguera, logramos la detención de un jefe policiaco en aquel momento, director de la Policía Municipal de La Barca. Hace tres meses fungía como director operativo, y se logró la captura en las investigaciones de una persona desaparecida.
En el contexto de Tamaulipas las desapariciones y fosas clandestinas fueron vinculadas a Los Zetas. ¿Con Jalisco Nueva Generación sucede lo mismo en el estado?
—No tengo ese dato para decir que esta organización delictiva pudiera tener la capacidad de poder hacer algo similar a lo que sucedía en Tamaulipas. Yo te podría hablar de mi responsabilidad a un año y ocho meses. He encontrado en ocasiones autoridades municipales omisas, que en algún momento pudieran tener una complicidad que inhibe mucho el trabajo que realizamos. Esa organización delictiva, desde mi opinión y he escuchado la de otros investigadores, tiene una actuación de mayor impacto en otras entidades que en nuestro propio estado.
¿Pero está presente la organización que lidera Nemesio Oseguera en estos casos?
—Por supuesto que está presente en algunas, no en todas, no son ellos quienes pudieran en un momento decidir con impunidad si se llevan a alguien o no, sí en algunas regiones del estado, particularmente en los límites con Michoacán. Vamos a actuar con la mayor firmeza en contra de ellos, esta organización delictiva que opera en Jalisco que ellos se autonombran utilizando nuestro querido estado. Aquí en Jalisco manda la autoridad, aquí ellos no mandan ni deciden, por eso sus actividades criminales las resuelven como lo que son: criminales. Estamos buscando y logrando en muchas regiones someterlos y castigarlos.
Cuando exista esta fiscalía, ¿se van a poder llevar investigaciones que liguen al CJNG y otros grupos delictivos que cometen desapariciones?
—Por supuesto. ¿Para qué estamos buscando crear esta fiscalía? Para ser eficientes, darle respuesta a los ciudadanos, gestionar más recursos e instrumentar, visibilizar programas y acciones que prevengan este tipo de situaciones, pero que además cuente con esta unidad de inteligencia, es fundamental en la investigación criminal. Por eso hablaba de que no se trata de administrar un problema, ni se trata de números, ni simulación, los números son personas, y los números son historias dolorosas de personas.
Los 129 operativos documentados por EL UNIVERSAL, recientemente, no coinciden con los municipios de mayor índice de desapariciones y fosas clandestinas...
—En el mapa criminógeno de Jalisco, en este semáforo verde, amarillo, rojo; la zona roja que tiene incidencia más alta es muy clara, límite con Michoacán, Lagos de Moreno, un poco Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Tepatitlán, Colima, Zapotlán El Grande o Ciudad Guzmán, Michoacán, La Barca y Ocotlán, en esa conexión que se tiene; y la otra parte que nos está impactando es el límite de la zona Valles, con Nayarit. No podría confirmarte de qué manera se respondió por parte de la unidad de transparencia, lo que te puedo decir es que mantenemos operativos permanentes en estas regiones.
¿Qué está sucediendo en esas zonas que se han vuelto un caldo de cultivo para las desapariciones y las fosas clandestinas?
—Tuve reuniones con prácticamente 100 presidentes municipales, por primera vez entregamos en comodato equipamiento, le pedí una sola cosa a los alcaldes: que cuando tuvieran conocimiento de estos hechos de manera personal, nos pudieran decir por lo menos en qué vehículos se transportan estos sujetos o en algunos de los casos en qué lugares acampan, porque a muchos de ellos les gusta acampar en lugares cercanos a las zonas urbanas.
Habitantes no reportan desapariciones por miedo. ¿Qué está haciendo la autoridad para garantizar, salvaguardar o atender a esas familias que viven en silencio?
—Muchas notificaciones las atendemos de manera de directa; en el caso de Lagos de Moreno, Tala o una problemática particular, acude gente a atenderles y ver los problemas, hemos realizado operativos y visitas de atención en algunos municipios como San Marcos, a pie, casa por casa, ahí expulsamos una célula y puedo garantizarles, de manera personal, que la información que nos den la habremos de manejar con la confidencialidad y la protección que sea necesaria.
Familias y organizaciones acusan omisión en su administración en la búsqueda de desaparecidos...
—Nos reunimos mensualmente todo el equipo, y cada vez que ellas crean necesario, mis puertas siempre han estado abiertas para los familiares; ¿omisiones? Sí, tan es así que estamos buscando una fiscalía para desaparecidos, porque lo que estoy buscando, junto con el gobernador, es una solución de fondo, no paliativas, y no para administrar o transitar; yo tengo hijos, me parece que el peor delito es la desaparición de una persona. Para mí siempre será un tema personal; he visto llorar a los hijos, padres, madres [de personas] que estuvieron en el momento y lugar equivocado; de jóvenes valiosos que los enviaron a revisar un terreno [por trabajo], que ellos no sabían que estaban en disputa los cárteles, y que ese fue su error. Mi relación con organizaciones y líderes es afectiva, cercana, pero entiendo, y siempre les daré la razón, porque las manifestaciones, protestas o inquietudes… Quizás yo haría más buscando un hijo.
¿Se compromete a que la fiscalía no se manoseará políticamente?
—Me comprometo a que quien encabece esa fiscalía tiene que venir de la sociedad civil, con total autonomía y además legitimidad, que tenga todo el apoyo institucional y no tenga ningún tipo de aspiración, vinculación o búsqueda de algún beneficio personal
¿No será una fiscalía de apariencias?
—Aquí hay algo muy importante que hemos pactado y acordado con la ONU y el Alto Comisionado: el seguimiento y la evaluación (…) cuando esté esta fiscalía integrada, todas estas personas [de las organizaciones sociales] lo van a enriquecer, en esta evaluación y seguimiento, y ¿por qué no? correcciones si no estuviera atendiendo los lineamientos que se están planteando.
Los reportes repuntaron a partir de esta administración, ¿por qué tanto tiempo se tardaron para pensar en esta fiscalía?
—Mira, en 2015 habían sido víctimas siete policías federales, derribado un helicóptero del Ejército, fallecidos ocho o nueve elementos de las fuerzas especiales y había habido bloqueos, yo llegué en ese contexto. Creo que hubo deficiencias en visibilizar el problema, la administración anterior simplemente no tenía una unidad, fue muy grave, hay temas que se siguen investigando, pero hoy hay una voluntad y decisión de resolver de fondo esta problemática.
