Los recursos genéticos estarán protegidos en la ley, afirmó la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado, Ninfa Salinas Sada (PVEM), y para ello se prepara una normatividad que abre espacios a la participación ciudadana, indicó.

Afirmó que la Ley General de Biodiversidad, en estudio en comisiones, incorpora al marco jurídico nacional la regulación del acceso a los recursos genéticos, sin que estos puedan ser apropiados por nadie y los beneficios que puedan generarse deberán ser distribuidos de manera equitativa.

En el proyecto en estudio, se salvaguardan los derechos de las comunidades indígenas contra la biopiratería, además de que el proyecto legislativo parte de la premisa de fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en la conservación de la biodiversidad, dijo Salinas Sada.

Subrayó que se requieren bases legales para el establecimiento de políticas públicas integrales de protección a la biodiversidad en sus tres niveles: genes, especies y hábitats.

“La biodiversidad está regulada de manera dispersa e incompleta en nuestro marco legal ambiental: en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que regula hábitats; en la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), que comprende especies y poblaciones de flora y fauna silvestre. Faltan disposiciones que protejan la biodiversidad genética”, dijo la legisladora.

Explicó que las dos leyes generales vigentes quedan asimiladas en el proyecto de Ley General de Biodiversidad.

Así, en un ordenamiento único se incorporan y fortalecen de forma ordenada y congruente las disposiciones de las dos leyes vigentes y se agrega el Protocolo de Nagoya, ratificado por México en 2012.

Dicho convenio regula el acceso a los recursos genéticos sin que éstos puedan ser objeto de apropiación, y garantiza mecanismos para la distribución equitativa de los beneficios que pudieran generarse, dijo la senadora Ninfa Salinas Sada.

Esto "garantiza la protección del patrimonio natural de nuestro país y se promueve la inclusión social", agregó.

La incorporación del Protocolo de Nagoya, lleva a la legislación la salvaguarda de los derechos de las comunidades indígenas y otras formas de organización rural contra actos ilícitos como la biopiratería.

Remarcó: "La protección a la diversidad genética del país, contenida en la propuesta de Ley General, abarca toda la biodiversidad, esto es, incluye flora y fauna".

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