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El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) precisar cuáles son los 20 municipios con mayor deuda en el país, información en la que tendrá que incluir montos y la fecha de registro de la deuda ante la dependencia.

Un particular solicitó el registro de los 20 municipios o delegaciones con mayor deuda, en el que se incluyera monto y la fecha de registro de deuda ante Hacienda.

En respuesta, la dependencia señaló al particular el vínculo electrónico en que aparece la información sobre el registro de obligaciones a cargo de entidades federativas y municipios.

Inconforme con la respuesta, el ciudadano alegó que la información era incomprensible porque no mostraba el total de la información y sólo generaba confusión, por lo cual no satisfacía la precisión de los datos requeridos.

Al analizar el caso, la comisionada presidenta del Inai, Ximena Puente de la Mora, señaló que aunque el vínculo proporcionado contenía la información solicitada, Hacienda incumplió con señalar al recurrente cómo obtener los datos requeridos.

“No obstante, a la luz del agravio expresado por el ciudadano, se advirtió que el sujeto obligado no le indicó la forma en la que puede acceder a la información que solicitó, pues no le indicó la manera en la que puede filtrar o redistribuir los datos en modo tal que pueda conocer los 20 municipios o delegaciones con mayor deuda”, dijo Puente de la Mora.

La comisionada destacó que la entrega de la información, con la indicación precisa de la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar lo requerido fomenta la transparencia proactiva y, en esa medida, se atenderán las demandas de la sociedad y se promoverá una administración pública orientada a la ciudadanía.

Así, el pleno del instituto ordenó modificar la respuesta de la Secretaría de Hacienda y le instruyó señalar al recurrente con todo detalle la forma en la que puede acceder a la información de su interés, en la que debe filtrar los datos que aparecen en el archivo electrónico que puso a su disposición.

Además, la información se deberá remitir a la dirección de correo electrónico señalada por el particular o ponerla a su disposición en un sitio de Internet comunicándole los datos que le permitan acceder a la misma.

En ese sentido, Puente de la Mora recordó que los datos abiertos representan una herramienta de la transparencia, porque cuando no hay opacidad en la cual esconderse, cuando los servidores públicos saben que sus decisiones están sometidas al escrutinio y que cualquier acción más allá de la norma tendrá consecuencias, la posibilidad de incurrir en actos de corrupción se reduce considerablemente.

“México ha desarrollado una ambiciosa política nacional de datos abiertos para crear valor a partir del uso y la reutilización de datos gubernamentales por parte de los sectores público, privado y social”, agregó la comisionada presidenta.

De acuerdo con México Digital, el sector gubernamental ha publicado más de 16 mil bases en formato de datos abiertos. Además, el año pasado el país ocupó el primer lugar de 125 países en cuanto a el uso de datos abiertos en materia estadística, de acuerdo con Open Data Watch.

“El gobierno abierto nos acerca a la gente y se centra en los principios fundamentales de la democracia. Nos provee de instrumentos que facilitan e incitan al diálogo entre la sociedad civil y la administración pública”, destacó la comisionada Puente.

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