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alberto.morales@eluniversal.com.mx
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaria de Gobernación, Humberto Roque Villanueva afirmó que el gobierno de México no se ha quedado ni se quedará “cruzado de brazos” en defensa de los connacionales, ante las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos.
Al participar en una reunión de trabajo en el Senado, el funcionario dijo que existe una estrecha coordinación entre las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración (INM), para apoyar a los mexicanos deportados.
Aseguró que hasta el momento “las cifras nos indican que la parte norteamericana o no ha contado con nuevos instrumentos, a pesar de las órdenes ejecutivas, o bien, el proceso lógico de un cambio de administración no les ha permitido intensificar el esquema de deportación. Las cifras nos hablan que hasta este momento es menor el número de deportados que está llegando a nuestro país”.
El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas señaló que el número de repatriados ha venido a la baja, pues en el año pasado fueron 219 mil mexicanos, mientras que en 2009 se registraron más de 600 mil.
“El problema es grave, sin embargo, yo les diría, que en enero, el año pasado recibimos 14 mil 200 repatriados, este año recibimos 13 mil 662, o sea, 540 repatriados menos; en febrero recibimos el año pasado 15 mil 647, en febrero de este año recibimos 12 mil 123, y en lo que llevamos de marzo recibimos 8 mil 034 en el mismo periodo del año pasado y en este año 4 mil 787, la diferencia de lo que va del año con el año pasado son 7 mil 311 menos”.
Vargas explicó que Baja California y Tamaulipas son los estados que reciben a 70% de los repatriados, por lo cual se requiere presupuesto especial para enfrentar este problema.
Por su parte el presidente del Senado, Pablo Escudero (PVEM) aseguró que los connacionales requieren de resultados rápidos y concretos: por ello, hizo un llamado para trabajar de la mano con el INM y con las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.
“Nos preocupan esas primeras cinco o seis horas, a partir de que son detenidos nuestros paisanos allá” por eso se debe actuar jurídicamente, consideró el senador.
Al reconocer que los mexicanos que viven en ese país “lamentablemente no quieren regresar a México”, insistió en que se tiene que trabajar para que aquellos que sean obligados a hacerlo, sea mediante los más altos estándares en protección a sus derechos humanos.
La senadora del PAN Mariana Gómez presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe expresó que la amenaza que México tiene enfrente no es sólo en lo económico, sino también es política y migratoria, la cual se debe evitar a toda costa “antes de que se convierta en una crisis humanitaria”.
La legisladora detalló que de 2010 a 2015, el número de repatriados superó 2 millones 800 mil personas.
