“Buscamos frenar deportación, el retiro de las visas y el muro”

politica@eluniversal.com.mx

A través de una suerte de amparo, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de un grupo de abogados mexicanos y de Estados Unidos, buscan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita contra Estados Unidos medidas cautelares para frenar las deportaciones, el retiro de visas, los procedimiento jurídicos contra migrantes y la construcción del muro fronterizo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Netzaí Sandoval Ballesteros, abogado que encabeza al grupo jurídico de Morena en la primera demanda de mexicanos contra EU ante organismos internacionales por violación a derechos humanos, detalló que presentarán ante la ONU y la CIDH —en Nueva York y Washington, respectivamente— dos expedientes.

Estos contienen la argumentación jurídica y más de 50 casos que ilustran violaciones graves a derechos humanos de los migrantes desde que se firmaron las primeras órdenes ejecutivas de seguridad estadounidense, el 25 de enero, a la fecha.

La demanda contra Estados Unidos irá acompañada de las firmas recabadas por Morena a través de la plataforma AVAAZ.ORG (en el link http://bit.ly/2kJslhj) que hace unos días reunía alrededor de seis mil apoyos para frenar las deportaciones y el muro fronterizo.

El abogado, que en 2011 demandó ante La Haya al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa por supuestos delitos de lesa humanidad, confió que en unos meses la CIDH haga valer las medidas cautelares para frenar las acciones de las órdenes ejecutivas del gobierno de Donald Trump.

Opina que el gobierno de Estados Unidos vulnera distintos ordenamientos internacionales en materia de derechos humanos, como la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, algunas obligaciones derivadas de la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA); la Declaración Americana, así como el propio sistema jurídico dentro de la Unión Americana.

Algunos de los abogados, expertos en derecho migratorio, que apoyan con la denuncia, son: Genaro David Góngora Pimentel (ministro en retiro de la SCJN), Javier Quijano Baz, José Luis Caballero Ochoa, Loretta Ortiz Ahlf, Claudia Mendoza Antúnez, Jaime Cárdenas y Manuel Becerra, entre otros. Además, los abogados de Estados Unidos Joshua Paulson, John Burroughs y Marco A. Palau.

¿Cuál es la ruta jurídica que utilizará Morena para presentar la denuncia contra Estados Unidos ante organismos internacionales?

—La denuncia tiene varias acciones que vamos a tomar. En primer lugar, recibimos casos de víctimas específicas, de personas en lo individual sujetas a deportación de Estados Unidos.

Este martes vamos a tener una reunión con el comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Nueva York. El 15 de marzo, en Washington, haremos la petición formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Cuál es la demanda específica, qué petición se hará a la ONU y a la CIDH?

—Vamos a pedir medidas cautelares, es decir, como en México el amparo se llama una suspensión, que se detengan los actos que se reclaman.

En el derecho internacional se suele conocer como medidas cautelares, es decir, decisiones que si bien todavía no califican el fondo del asunto, si bien no te dan la razón, por lo menos que haya una primera medida de estos organismos para frenar la aplicación de las órdenes ejecutivas, de los memorándums que están emitiendo, por un lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por otro lado, el secretario de Seguridad Nacional de ese país, John Kelly.

Vamos a pedir que se paralicen las órdenes firmadas, en su mayoría, el 25 de enero. Estas órdenes ponen en peligro a millones de migrantes mexicanos y de otros países, pues están en peligro de ser deportados.

¿Cuáles serían los plazos después de interponer la denuncia?

—Esperamos que a partir de abril podamos encontrar una respuesta de la CIDH, posiblemente depende de la fecha de la audiencia. Confiamos en que en algunos meses podamos lograr las medidas cautelares, que sería un triunfo importantísimo, frenar el asunto. Eso es lo crucial, poner el freno a las órdenes ejecutivas.

Después de eso, los órganos internacionales tienen tiempos muy largos, suelen tardar años para analizar a fondo el asunto.

También solicitaremos una audiencia a la CIDH, lo haremos el 17 de abril, pero esas fechas son posteriores, porque la comisión interamericana nos estaría informando cuando nos puede recibir personalmente.

¿Qué pruebas presentarán para frenar todo esto, cuál es el sustento legal de la denuncia?

—Vamos a presentar dos grandes elementos. Uno, es un escrito de razonamientos jurídicos, de una explicación de cómo se implementan estas órdenes ejecutivas y los memorándums. Esto va a acompañado de un sustento jurídico con precedentes internacionales y leyes internacionales firmadas por Estados Unidos.

Y dos, presentaremos un conjunto de casos que ilustran violaciones a derechos humanos, es decir, las situaciones paradigmáticas donde se muestra cómo esas órdenes están violando diferentes derechos humanos. Son las situaciones más concretas y violaciones a derechos humanos.

¿Son casos contundentes los que presentarán en esas instancias?

—Hay casos de niños migrantes que están siendo separados de sus familias, además de violaciones a peticiones de asilo. Otro caso de un migrante mexicano que vivió en EU por muchos años y cuando va a obtener pensión, es detenido y expulsado. Eso implica violaciones a derechos laborales, porque esta persona tenía derecho a cobrar sus últimos días trabajados, pero no los cobró porque fue expulsado. Eso vulnera un derecho humano de las garantías a los trabajadores. Eso es sólo un ejemplo de muchos.

¿Los casos abarcan vulneraciones al debido proceso?

—Sí, principalmente son violaciones al debido derecho, porque no hay acusaciones directas.