CNDH: salida del Ejército de calles debe ser gradual

Prevé riesgo de fortalecimiento de la delincuencia ante retorno a cuarteles; presenta al Senado observaciones sobre la Ley de Seguridad Interior
La CNDH estimó que las Fuerzas Armadas, en tanto emprenden el retorno a los cuarteles, deben evitar participar en la prevención de delitos (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
01/03/2017
02:20
Juan Arvizu y Alberto Morales
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió al Senado 10 consideraciones sobre la Ley de Seguridad Interior, en las que previene que “no puede suprimirse de tajo” la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, pues “lejos de contribuir al orden nacional dejaría un nicho propicio para el fortalecimiento de las organizaciones delincuenciales”.

El organismo afirmó que el regreso de los militares a los cuarteles, a “sus funciones constitucionales primarias, debe ser gradual y verificable”, dentro de los estándares del principio de legalidad.

Estimó que las Fuerzas Armadas, en tanto emprenden el retorno a los cuarteles, deben evitar participar en la prevención e investigación de los delitos.

El documento recibido por el presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero Morales (PVEM), expone “inquietudes y aspiraciones, con base en principios constitucionales y convencionales”, que remite a las dos cámaras del Congreso de la Unión, con el ánimo de que sirvan “de reflexión y análisis, en la materialización de una ley que contribuya al fortalecimiento de la actuación de las autoridades en materia de seguridad”.

La CNDH pidió “no asumir bajo ningún supuesto que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas pueda asumir carácter permanente”, y propuso que en su caso la ley debe establecer las bases para el retorno gradual y verificable de los militares a las tareas que le son propias.

Señaló que “para propiciar una mayor seguridad, justicia y democracia, se deben establecer políticas y acciones de mayor prevención y menos reacción”.

El documento se turnó a las comisiones de Seguridad Pública, Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda.

La CNDH destacó que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública “no es lo más deseable, dada la especial naturaleza de sus funciones constitucionales”.

Para dar respuesta eficaz a los problemas de seguridad, establece el documento, se deberá atender la formación y capacitación de policías; la inteligencia financiera y la investigación patrimonial: el fortalecimiento de la prevención, así como la atención de las desigualdades.

Se debe combatir, explicó la CNDH, el tráfico de armas y revisar el sistema penitenciario, y previene que actuar de manera parcial “sólo producirá soluciones parciales que no resolverán las cuestiones de fondo”.

Como “puntos relevantes”, el documento expone que la ley tenga como premisa general el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas; preservar la vigencia del esquema de competencias y atribuciones en materia de seguridad pública. En ese sentido, las instituciones serán de carácter civil, disciplinado y profesional.

Plantea distinguir y acotar los conceptos de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior, de manera que la ley se ajuste a la Constitución.

La CNDH propuso también que el legislador vele por preservar el respeto al principio de legalidad, en particular en lo que hace a “los actos de molestia o incluso privativos que pudieran servir las personas”.

Agregó que “la autoridad sólo puede realizar las atribuciones y funciones que se determinan en la Constitución, tratados internacionales o la ley, prohibiendo que el ejercicio de sus funciones sea arbitrario o abusivo contra la persona”, indica.

De ello se desprende que “las personas no pueden ser molestadas en sus bienes, posesiones, familia, integridad o derechos, sin que exista un mandamiento escrito emitido por autoridad competente y debidamente fundado y motivado”.

En la Ley de Seguridad Interior, planteó la CNDH, se debe “prevenir que se afecte o se propicie la afectación del legítimo ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y manifestación”.

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