IFT difiere 6 meses entrada en vigor de los lineamientos

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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) difirió seis meses la entrada en vigor de los Lineamientos Generales de Derechos de las Audiencias.

En un comunicado, el regulador informó que esperará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a las controversias constitucionales interpuestas por el Jefe del Ejecutivo federal y el Senado de la República para aplicar la regulación correspondiente.

Los lineamientos que habían sido publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entraban en vigor el 16 de febrero próximo.

“Tomando en cuenta el tiempo que regularmente toma este tipo de procesos judiciales, se modificó el régimen transitorio de los Lineamientos Generales de Derechos de las Audiencias, con la finalidad de diferir su entrada en vigor hasta el 16 de agosto de 2017”, precisó el instituto.

Las autoridades en la materia agregaron que esto es sin perjuicio de que el IFT revise esta fecha, en caso de que a su llegada no se hayan resuelto las controversias constitucionales.

El instituto regulador destacó que tiene la convicción de que los lineamientos fueron emitidos en cumplimiento de la ley y conforme al marco jurídico que rige la actuación de ese organismo.

Las controversias constitucionales “contienen cuestionamientos relacionados con el alcance de los derechos de las audiencias y el derecho a la información, así como su coexistencia con el derecho a la libertad de expresión”.

Para evitar dudas sobre el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tomó la decisión de cambiar la fecha de entrada en vigor de esta regulación.

“El acuerdo por el cual se modifica la entrada en vigor de los lineamientos fue aprobado por el pleno en sesión extraordinaria este miércoles 1 de febrero [ayer] y será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones”, reiteró.

El martes pasado, el Poder Ejecutivo interpuso una controversia constitucional contra ocho artículos relacionados con los derechos de las audiencias, mientras que el Senado de la República hizo lo propio respecto a los lineamientos publicados por el instituto en noviembre pasado.