Trife da vuelta a ley y compra autos de lujo

Adquiere vehículos que superan millón de pesos; tope es de 600 mil; camionetas obtenidas no son para apoyo al cargo, afirma tribunal
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adquirió en 897mil pesos cada una de las dos unidades Tahoe, precio que superaría el límite permitido (IVÁN STEPHENS. EL UNIVERSAL)
17/02/2017
03:00
Carina García
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Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene un tope de no más de 600 mil pesos en el costo de los vehículos asignados a los magistrados, el organismo dio la vuelta a sus normas para asignar unidades que superan el millón de pesos.

Para el área administrativa del tribunal: “No son vehículos para apoyo al cargo”, argumento que le permitió rebasar el techo de gasto permitido.

Los límites están fijados en los Lineamientos para la Asignación, Uso y Control de Vehículos y Cajones de Estacionamiento del TEPJF: para magistrados de Sala Superior, el costo máximo unitario es de 600 mil pesos y para magistrados de Sala Regional de 400 mil pesos, ambos con IVA.

Esas normas vigentes desde 2012 fueron validadas por el TEPJF el 16 de enero pasado, cuando se ratificó ese techo de costo unitario.

Pero como revela EL UNIVERSAL, el TEPJF adquirió dos Chevrolet Suburban de un millón 36 mil pesos cada una y dos Tahoe de 897 mil pesos que superarían ese límite, aunque no son vehículos para apoyo al cargo, según el área administrativa.

Además, el organismo compró una Acadia General Motors, de 679 mil pesos, apenas dentro del límite de 690 mil pesos, ya considerando el IVA.

Un “vehículo como apoyo al cargo”, según el documento citado, es el que posee el TEPJF y se proporciona a los servidores públicos de mando superior “para coadyuvar al mejor desempeño de sus funciones y al cumplimiento de sus responsabilidades”.

Entre sus características están su uso de tiempo completo, lo que ocurre en el caso de las camionetas de lujo recién adquiridas, que podrán usarse en días y horas hábiles e inhábiles y pernoctar fuera de las instalaciones del tribunal.

Este tipo de unidades se otorgan en uso, de acuerdo a la norma, “para coadyuvar al mejor desempeño de sus funciones y al cumplimiento de sus responsabilidades”, aunque de acuerdo al TEPJF, no es el caso de las camionetas nuevas.

Beneficiarios. Los lineamientos prevén que hasta 35 servidores públicos de mando del TEPJF tengan asignado un vehículo como apoyo al cargo, aunque hay quien declina a usarlo.

De estos funcionarios con acceso a vehículo, 22 son magistrados electorales, siete de la Sala Superior y 15 de salas regionales (tres juzgadores en cada una, aunque hoy persisten algunas vacantes) cuyo automotor debe limitarse a 400 mil pesos más IVA como valor unitario.

Se suman 13 funcionarios de mando, cuyas percepciones superan los 100 mil pesos y se incrementan con prestaciones y gratificaciones, pero pueden tener una unidad de hasta 400 mil pesos más IVA.

Es el caso del coordinador general de asesores de la presidencia del tribunal, el secretario general de acuerdos —ambos con ingreso igual al de magistrado de Sala Regional, que es de 144 mil 544 pesos mensuales netos más otros ingresos— y también el visitador y el visitador general.

El contralor interno y el subsecretario general de acuerdos, cuyas percepciones son menores, de 136 mil 997 pesos netos mensuales —más ingresos extra— también puede tener vehículo pagado que no rebase los 340 mil pesos más IVA.

Tiene posibilidad de usar un vehículo oficial pagado por el TEPJF y con valor de 320 mil pesos el secretario académico del tribunal, cuya percepción neta es de 110 mil 891 pesos al mes, más otras sumas anuales.

Además de las unidades, también corren con cargo al erario los emplacamientos, tenencias, verificaciones anticontaminantes, pólizas de seguros, suministro de lubricantes y combustible, así como el mantenimiento mecánico preventivo de cada una.

Están cubiertos los pagos de deducible de seguro por siniestro o mantenimientos correctivos, mecánicos o estéticos, “previa constancia que acredite haberse encontrado en cumplimiento de comisión oficial” y con el aval por escrito del titular de la Secretaría Administrativa.

 

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