Reportan alza de deuda en municipios

Pablo Basáñez señala que el déficit se elevó a 535 mmdp; acusa que no se realizan proyectos productivos
Pablo Basáñez García señala que el objetivo del órgano legislativo es coadyuvar con el establecimiento de principios de buen gobierno (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
12/02/2017
02:09
Redacción
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El presidente de la Comisión Especial de Vigilancia del Gasto y Deuda Pública de Estados y Municipios, el priísta Pablo Basáñez García, aseguró que, en los últimos 10 años, la deuda de las entidades y alcaldías se elevó a 535 mil 276 millones de pesos, lo que habla de un uso indiscriminado de recursos, empleados muchas veces sólo para “patear el bote”, pero no para invertir en proyectos productivos.

Destacó que el objetivo de este órgano legislativo es coadyuvar con las administraciones locales en el establecimiento de principios de buen gobierno para una gestión responsable del capital público y generar condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad financiera del país.

“Se busca impulsar un ejercicio de transparencia, en el cual los servidores públicos rindan cuentas, profesionalicen la gestión basada en resultados, eviten la discrecionalidad e impunidad y, por supuesto, la improvisación”, detalló.

Basáñez García recordó que en noviembre de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comenzó la implementación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se estableció el Registro Único de Deuda.

“Hoy todos los estados o municipios que quieran contratar un empréstito deberán tener ese registro; de lo contrario, los bancos no podrán otorgarles línea de crédito. Es una medida de control que complementará al Sistema de Alertas que iniciará en abril próximo”, comentó.

Las alertas, explicó, medirán oportunamente el nivel de deuda y condiciones de liquidez para detectar cualquier tipo de endeudamiento de los entes públicos.

En una reunión de trabajo, presentó un cuaderno llamado Disciplina Financiera en Entidades Federativas y Municipios de México, cuyo contenido se estructura en tres apartados: finanzas sanas para entidades y municipios, A B C de disciplina financiera y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El legislador expuso que el texto tiene una redacción sencilla, con el objetivo de que los 2 mil 446 municipios, las 32 entidades federativas, legislaturas y autoridades hacendarias locales y sociedad en general, conozcan los principios, procedimientos y responsabilidades para el cuidado de los recursos públicos.

Señaló que se debe ser preventivos sobre la correcta aplicación del dinero a disposición de municipios y entidades del país. “Tenemos que realizar acciones que nos permitan oportunamente acompañar un correcto ejercicio de rendición de cuentas”.

La presidenta de la Comisión Bicameral en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, diputada Minerva Hernández Ramos (PAN), llamó a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso a encontrar acuerdos para poner en marcha la instancia que preside, ya que no ha comenzado a operar.

Por otro lado, cuestionó qué pasará con la deuda no registrada, dado que hay una gran diversidad de legislaciones locales. La Ley de Disciplina Financiera, explicó, define puntualmente qué es deuda, pero no se especifica qué sucederá con esos recursos que en algunas entidades no se registran como tal. Agregó que no debe olvidarse el gasto, ya que también es fundamental conocer cómo ejercen las entidades federativas, puesto que algunas tienen muchos excesos.

El secretario de la comisión especial y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, Emilio Enrique Salazar Farías (PVEM), explicó que cuando llegan los gobernadores o presidentes municipales a ejercer su cargo se encuentran con tres deudas: La registrada, que debió haberse usado en inversiones productivas, pero muchos malgastan; la no registrada con proveedores, que para contratarla debía contarse con suficiencia presupuestal, y la deuda de cargas laborales. 

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