Confirma Tribunal Electoral multa al PRI por falsas pruebas contra Orozco

Ratifican la sanción por 36 mil pesos y resuelven dar vista a la Fepade
01/02/2017
22:58
Carina García
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) al PRI por la presentación de una denuncia frívola, con 299 pruebas falsas, en contra del ex candidato del PAN al gobierno de Aguascalientes, Martín Orozco.

El pleno del Tribunal ratificó la sanción por 36 mil pesos al PRI y resolvió dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), para que en su caso "realice las actuaciones que correspondan, por la posible actualización de algún ilícito" ya que se presentaron dentro de un procedimiento de investigación jurisdiccional.

El magistrado ponente, José Luis Vargas, expuso que debido a que se presentaron elementos "de carácter insubstancial o fraudulento" eso entorpece las labores de revisión de los ingresos y gastos de los candidatos, lo que complica el trabajo de la Unidad de Fiscalización, que es de por sí mayúsculo.

Por eso es importante que no se deje pasar "este tipo de argucias" realizadas tratar de perjudicar al contrincante "a partir de elementos falsos duplicados o, insisto, yo le llamaría de poca seriedad en la presentación de los elementos de prueba", expuso.

Explicó que tal como lo ha confirmado el TEPJF en sentencia previa, el PRI incurrió en frivolidad al presentar fotografías de propaganda en la vía pública duplicadas o con direcciones erróneas, con las que se pretendió acreditar gastos no reportados por el candidato denunciado.

Asi, aunque el PRI reclamó que la sanción que se le impuso fue "desproporcionada y excesiva toda vez que no se denunciaron hechos falsos, sino que en su caso las pruebas allegadas no fueron idóneas" los magistrados confirmaron la sanción.

ORDENAN PARIDAD EN TRIBUNALES

En otra sentencia el TEPJF confirmó la designación de la magistrada y los magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, realizada por el Senado de la República, el 15 de diciembre pasado.

Se confirmó la integración de un Tribunal sin paridad de género pues así lo permitió el procedimiento que rigió la selección y designación, en el que "no se restringió el derecho de las personas para acceder al cargo en igualdad de condiciones".

Empero los magistrados determinaron que en el futuro el Senado debe realizar procedimientos de designación que garanticen la paridad de género.

RATIFICAN REMOCIÓN

Los magistrados también confirmaron la resolución del INE por la que se aprobó la remoción de Felicitas Alejandra Valladares Anguiano como consejera presidenta del Instituto Electoral de Colima, en acatamiento a una sentencia previa.

En otra resolución el Tribunal ordenó al Organismo Público Local Electoral (OPL) de Veracruz dar financiamiento público a los partidos nacionales que participaron en el proceso electoral inmediato anterior aunque no hayan obtenido el 3% de la votación válida emitida, para que no haya inequidad en las elecciones locales próximas.

En esa situación se encuentran los partidos Encuentro Social (PES), Nueva Alianza (Panal), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), mismos que ahora recibirán financiamiento público para gastos de campaña, como si se tratara de partidos que obtuvieron su registro con fecha posterior a la última elección de diputados locales, en términos de lo previsto en el Código Electoral del Estado de Veracruz.

Los magistrados aprobaron interrumpir la Jurisprudencia 10/2000, con el rubro “Financiamiento público local. El derecho a recibirlo es diferente para los partidos políticos participantes en una elección anterior que no demostraron cierta fuerza electoral respecto a los de reciente creación”, y dejarla sin efecto, a fin de evitar condiciones de inequidad en los comicios de junio.

Los magistrados decidieron evitar así que exista inequidad en la contienda electoral, así como vulneración en los principios de igualdad de oportunidades en la competencia y prevalencia del financiamiento público sobre el privado, al imposibilitarlos a recibir este último, lo que los colocaría en una situación de desventaja respeto de los demás.

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