“Democratización” de medios quedó sólo en buenos deseos: Iglesia

A través del editorial del semanario Desde la Fe, las autoridades eclesiásticas expresaron que la reforma estructural en telecomunicaciones “ha suscitado dudas en lo que parece ser un ataque a la libertad de expresión, no sólo por la forma en la que se ofreció a los mexicanos usuarios en donde se prometió bajar precios; sin embargo, los objetivos de “democratización” parecen haber quedado sólo en buenos propósitos”.

En el texto citado se hace referencia a que el 21 de diciembre pasado, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias, debido a un Acuerdo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el objetivo de poner a disposición general un documento para referenciar los derechos de las audiencias contenidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, producto de las reformas estructurales cuyos objetivos principales fueron la democratización de los medios de comunicación, promover el acceso a la cultura, la educación, la salud y el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Agregan que esta reforma quiso incentivar la competitividad y poner a México a la vanguardia del sector, por ello se creo el Instituto como un órgano autónomo que tiene las facultades de facilitar a los usuarios e interesados la explotación, de una forma justa y eficiente, del espectro radioeléctrico que pertenece a la nación. Además se contempla el respeto de los derechos humanos para que se garantice el derecho de las audiencias para que nadie sea molestado a causa de sus opiniones; investigar y recibir informaciones y difundirlas sin limitación por cualquier medio de expresión.

De acuerdo con el artículo, los buenos propósitos de democratizar los medios masivos de comunicación se suscitan porque al parecer en el acuerdo del 21 de diciembre se abren más desacuerdos que consensos en cuanto a los derechos de las audiencias en relación a la libertad de expresión y el derecho a la información.

“De su lectura, y según la opinión de especialistas en materia de telecomunicaciones, los lineamientos son inequitativos cuando no se dan medios legales de defensa, convirtiendo un acuerdo administrativo en instrumento de acoso y presión para los informadores y medios. El resultado es un Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con facultades extralegales y cuasinquisitoriales, obligando a distinguir entre opinión e información lo que deriva en fiscalizaciones informativas que coartan la libertad de expresión reconocida en nuestra Constitución”.

A lo anterior, añaden que se suma cómo el IFT se arroba en facultades más intromisivas que de regulación adecuada y justa de los medios de comunicación cuando obligará a la identificación de los bloques de publicidad, logotipos, marcas y nombres comerciales, además de la aprobación de los defensores de las audiencias y de investigaciones contra programas y contenidos motivadas por cualquier denuncia anónima.

“El espíritu de las reformas quiso centrarse en mayores beneficios para los mexicanos a fin de diversificar el mercado en telecomunicaciones; sin embargo, de forma principal, las audiencias deben tener la adecuada protección de sus derechos a través de la legalidad, certidumbre y eficacia. México vive momentos muy difíciles debido a la implementación de reformas que trastocan la sensibilidad social por no haber tenido la visión de futuro y sin ponderación alguna de las consecuencias que impactan, sobre todo, a los más desposeídos”.

Por último la iglesia asegura que ahora se ve “un fruto amargo” de la reforma en telecomunicaciones, y que el país afronta otra encrucijada en cuanto a los resultados de la misma y recuerda por qué el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación y, por lo tanto, de todos los mexicanos y menciona que la libertad de expresión “no debería estar subordinada al protagonismo indiscriminado de un Instituto en manos de quienes se valen de argucias extralegales para manipular derechos y conciencias”.