De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, que presentó Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de 30 puntos, lo que lo ubica en la posición 123 de 176 países.

La calificación actual es cinco puntos menor que la de la medición anterior del año 2015, lo que representa 28 lugares menos. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos.


Es decir, 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos.

El organismo, en su capítulo México, advirtió que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no han sido suficientes para reducir la percepción y los efectos de la corrupción en México

El organismo dijo que no basta con asegurar la transformación institucional, sino que éstos deben acompañarse de acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción que afectan a las instituciones públicas del país.


“Los casos conocidos por la comunidad nacional e internacional no deben quedar impunes”, advirtió.


Ante ese escenario, Transparencia Internacional emitió una serie de recomendaciones para el Estado mexicano.


“La corrupción e impunidad deben ser excepción y no regla. Las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos deben ser investigadas, perseguidas y desmanteladas”.


Señala que es necesario crear una Fiscalía General de la República –cuyo proceso se encuentra atorado en el Congreso de la Unión- capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa.


Recomendó que su diseño permita emprender acciones sistemáticas y permanentes para desmantelar redes de corrupción.

Transparencia Internacional urgió al Congreso de la Unión, y en especial a los Congresos locales, cumplir con su función de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.


El organismo internacional consideró que además de asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel federal, es necesario iniciar el proceso de creación de los Sistemas Locales Anticorrupción de las 32 entidades federativas del país aún no lo han hecho.


“En muchos estados del país, las instituciones que formarán parte de los Sistemas Locales Anticorrupción cuentan sólo con una autonomía jurídica, sin independencia real para investigar y sancionar la corrupción a nivel subnacional. Debe revisarse que existan contrapesos reales y no sólo formales entre los poderes de los estados, especialmente en los órganos de fiscalización estatales”.


Expresó que en el contexto económico del país, además de las medidas de austeridad anunciadas, deben incorporarse instrumentos adicionales que fortalezcan la apertura gubernamental, la integridad y la apropiada fiscalización del gasto público.

lsm/ml

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