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Es necesario que autoridades puedan intercambiar información sobre extranjeros que cometieron un delito en sus países, a fin de prevenir su ingreso al territorio nacional, y que los tres órdenes de gobierno realicen funciones preventivas y de investigación con nuevas tecnologías para la búsqueda y localización de fugitivos.
Para atender estas circunstancias, la diputada Adriana Sarur Torre (PVEM) impulsa reformas a diversos ordenamientos legales para crear un sistema de registro biométrico policial, de inteligencia y preventivo para emitir una alerta criminal, de alcance a todas las autoridades del país, cuando un extranjero cuente con antecedentes penales por delitos graves, sin importar dónde o cuándo los haya cometido.
Se busca ampliar las facultades de las autoridades para negar el ingreso al país a delincuentes prófugos de la justicia en sus países de origen o que hayan cometido delitos graves de acuerdo con las leyes mexicanas, puntualizó.
Ello, continuó, impediría el ingreso de transgresores de la ley en sus países de origen, se evitaría la corrupción de estructuras gubernamentales que permitan su ingreso y se prevendría que grupos delictivos de otras naciones se asienten en México para destruir sistemas económicos nacionales e influir en las esferas políticas y judiciales “para adquirir impunidad”.
El documento, signado por legisladores del mismo grupo parlamentario y turnado a Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública para su dictamen, refiere que no se busca regular los delitos de extranjeros en México, ya que estos son juzgados conforme a la leyes nacionales y las penas pueden ser purgadas en sus países de origen, siempre que no sea un delito grave o que otro país lo solicite en extradición.
Considera el derecho de las personas a saber si corren riesgos al tener una vecindad con alguien que ha cometido delitos como pederastia, violación o violencia contra las mujeres y, en esa medida, “las autoridades estarían obligadas a observar con mayor vehemencia la seguridad”.
Sarur Torre propone establecer el registro de datos biométricos como información obligatoria que debe proporcionarse a autoridades como la PGR, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación y los organismos de seguridad de los estados, para inhibir el desplazamiento de extranjeros buscados por delitos graves en sus lugares de origen.
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