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La Comisión de Cambio Climático del Senado acordó promover una iniciativa de ley de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno que implique a empresas e industrias privadas, sobre las acciones que se deben adoptar para la reducción de las emisiones contaminantes y revertir los daños causados por gases de efecto invernadero.
Lo anterior durante la reunión de trabajo de la Comisión Especial de Cambio Climático con la titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), María Amparo Martínez Arroyo.
Martínez Arroyo advirtió que de no tomarse las medidas necesarias para conformar programas efectivos, con presupuestos suficientes, “México enfrentará un siglo perdido en materia ambiental”.
Explicó que el mundo vivirá con el problema del cambio climático durante todo el siglo, de ahí la importancia de que el Senado y Cámara de Diputados coadyuven a conformar una coordinación nacional, que involucre a estados, municipios y empresas en las acciones tendientes a disminuir y revertir las emisiones de efecto invernadero.
Dijo que se evalúa el Anexo Transversal en materia de Cambio Climático para saber sí los más de 44 mil millones de pesos considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 contribuyen a los objetivos y metas de la política nacional.
La presidenta de la Comisión de Cambio Climático, senadora Silvia Garza (PAN) expresó su preocupación ante el hecho de que el gobierno federal da mayor importancia a las políticas de mitigación, tendientes a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en lugar de impulsar las acciones de adaptación, es decir, de impulsar el desarrollo sostenible.
“México debería dar mayor peso a las políticas de adaptación, porque fue el país que lo planteó dentro del Acuerdo de París, pues la meta principal es reducir la vulnerabilidad frente a la contaminación, a través del desarrollo sostenible”, dijo.
El senador independiente Manuel Cárdenas Fonseca, propuso por su parte que la iniciativa de dicha ley se elabore como un trabajo conjunto entre el Legislativo, INECC y la sociedad civil, e incluya normas “espejo”.
Es decir, -agregó- similares a las de los socios comerciales de México, a fin de evitar argumentos de que ofrecen tecnología que no está prohibida por nuestras autoridades, como en el caso de las industrias mineras, textileras, de la construcción, entre otras.
“Con claridad en las normas que armonicen a los tres órdenes de gobierno y las obligaciones de las empresas nacionales y extranjeras, el Estado mexicano dejaría de ser omiso ante las acciones que van en contra del cuidado del medio ambiente”, dijo.
Cárdenas Fonseca destacó en que la supervisión del cumplimiento de las normas ambientales debe efectuarse de forma transversal también en estados y municipios, y sancionar todos los casos de incumplimiento, particularmente cuando se e permite a empresas extranjeras aplicar tecnologías que son prohibidas incluso en sus países de origen, porque resultan altamente contaminantes.
La senadora Marcela Guerra (PRI), planteó que la comisión elabore la iniciativa de ley de coordinación de cambio climático, que implique responsabilidades del gobierno federal, estatales y municipales, además de las empresas privadas y la población en general.
Para ello, subrayó, la propuesta de que el cambio climático se introduzca como un tema de seguridad nacional, permitirá garantizar la asignación permanente de recursos a los programas ambientales y al mismo INECC, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
