Destaca Escudero reforma laboral

alberto.morales@eluniversal.com.mx

El presidente del Senado, Pablo Escudero (PVEM), afirmó que la aprobación en comisiones de la reforma constitucional de justicia cotidiana en materia laboral representa un gran avance para garantizar en nuestro país una justicia pronta, expedita y eficaz para los trabajadores.

Advirtió que esta reforma confirma un ejercicio democrático, incluyente, plural y transparente, ya que recordó que la iniciativa aprobada en el Senado fue elaborada por el Ejecutivo federal en conjunto con el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos y abogados.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado explicó que lo aprobado en comisiones tiene por objeto reformar, a nivel constitucional, la justicia laboral para que ahora sea impartida por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales.

“Por lo que con esta nueva justicia cotidiana laboral se establece una función conciliatoria, para crear una instancia prejudicial a la que acudan los trabajadores y los patrones, y estará a cargo, en el orden local, de los Centros de Conciliación especializados e imparciales; mientras que en el orden federal, dicha función conciliatoria corresponderá a un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal”, explicó.

Dijo que este nuevo organismo deberá de ocuparse del registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como de todos los procesos administrativos correspondientes.

El legislador destacó que para la designación del titular del organismo descentralizado, el Ejecutivo federal someterá a consideración del Senado de la República una terna para que, después de realizar comparecencias de los candidatos, se elija con las dos terceras partes de la Cámara.

Señaló que el titular del organismo deberá ser alguien con experiencia en la materia, que no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni haya sido candidato a ocupar un puesto público de elección popular en los tres años anteriores a la designación.