Señalan que hermano de ex gobernador pedía 'moche'

politica@eluniversal.com.mx

Empresarios que participaron en licitaciones durante el gobierno de Miguel Alonso Reyes en Zacatecas, afirmaron que los contratos eran adjudicados a los amigos y allegados de dicha administración y, a cambio, la familia del ahora ex mandatario cobraba un diezmo, es decir el 10% del total de la obra asignada.

Principalmente en el ramo de la construcción, los empresarios relatan a EL UNIVERSAL que Juan Manuel Alonso Reyes, hermano mayor del ex mandatario era quien “apoyaba” a las empresas para adjudicarles contratos.

Francisco Olague Cortés, representante legal de Inconza Construcciones SA de CV, detalló que si los empresarios querían una obra “tenían que ir a arreglarse con el hermano del gobernador, Juan Manuel, y había que irse a arreglar con él para ver cuál obra quería que hicieras”.

“Yo nunca fui porque no me dieron muchas obras y también me dijeron los compañeros que había que dar el 10% del costo total de la obra. La verdad yo dije no lo doy, por qué, con base a qué. El 10% es lo que yo le voy tirando a la utilidad y entonces si le daba ese 10% entonces iba a trabajar de gorra. La verdad es que yo nunca di, pero de que daban, daban, eso es cierto”, aseguró.

Durante la administración de Alonso Reyes, Olague Cortés y su empresa participaron en licitaciones de obra pública, pero al final los descalificaban por cuestiones mínimas, aunque sustentaran sus argumentos y los costos fuera accesibles.

“Yo fui una de esas empresas. Rara vez hacíamos una obra porque nos descalificaban hasta porque la grapa iba chueca”, aseguró.

Sostuvo que en su experiencia en la pasada administración, no presentó denuncias por temor a represalias del gobierno, ya que “de por sí, si teníamos oportunidad de una obra al año, si nos inconformabamos pues quedábamos descartados”.

“Temía a represalias porque como no vamos varias empresas, íbamos solos, muy aislados, nos agarran y nos ponían una friega, así era”, agregó

Asimismo, calificó a la Contraloría del estado como juez y parte. Y es que, continuó, no solamente eran obras públicas, sino adquisiciones de todo tipo que daban de manera directa a los allegados de la familia Alonso Reyes.

Tan solo en obra pública, Olague Cortés calcula que se dieron procesos directos a empresas favoritas por el orden del 95% de los contratos.

“Se dio a gente que por sus allegados, empresas nuevas que salieron, que no sabían hacer las cosas porque se quedaron obras tiradas, que se las tuvo que sacar alguien”, dijo.

En cuanto a los concursos, explicó, normalmente ya iban dirigidos ya no había oportunidad para los empresarios comunes, las licitaciones ya estaban arregladas.

“Las licitaciones públicas eran ya directas, aunque se convocaban y todo, de acuerdo a ley y todo. Hubo una que se la dieron al lugar número 36 de la lista, otras en el 29, considerando el costo más barato. Aunque había muchas solventes por abajo del precio, pero se las daban a los más altos cuando estaban ya asignadas”, indicó.

Consultado al respecto, Salvador González García, representante de la Integradora de Productores de Minerales del Estado de Zacatecas, calificó como otro “nido de corrupción” las obras públicas que otorgaban con fondos estatales y federales a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“Prácticamente era un súpermercado porque llegas y dependiendo de lo que lleves en la bolsa es lo que puedes comprar, o sea me refiero a obras. Ahí está el nido de la corrupción porque mueve más de presupuesto que infraestructura del estado, y de Alfonso Peschard (entonces titular del Centro Zacatecas de la SCT) no se menciona nada. Ahí está el ingeniero Jorge Aguilar y el arquitecto Peschard en contubernio con la contadora y ellos movían todo”, aseveró.

Precisó que la designación del titular del Centro de la SCT en Zacatecas recae en el gobernador del estado, en ese caso el de Miguel Alonso Reyes, quien conocía de la operación de la adjudicación de obras públicas de manera irregular.

“El gobierno tenía 20 o 30 empresas, y entre ellos se auto empleaban y era un billetote el que ganaban. Tienen 20 empresas, pueden hacer toda la faramalla que quieran, ahí está el nido de la corrupción”, expresó.

“Ellos (el gobierno estatal) decían 'vente a ver cuánto traes', y en función de lo que lleves es lo que puedes comprar”.

Según González García, los demás empresarios también se quejaron en varias ocasiones porque se adjudicaban contratos para infraestructura estatal y federal, pero nunca acudieron a la Contraloría porque conocían su modo de operar y sabían que las denuncias no prosperarían.

“Se organizó la corrupción desde el inicio de la administración de Alonso Reyes (2010). Son empresas de ellos, de sus allegados, si se realiza una auditoría se puede ver cómo todas las obras se las dan siempre a las mismas empresas”, dijo.

A los señalamientos se suma Gerardo Báez Ordoñez, presidente de Ingeniería Civil y Consultaría Júpiter SA de CV, quien aseguró: “entre todas las irregularidades del gobierno de Alonso Reyes destacó la compra-venta de obras públicas, hubo un tráfico de influencias tremendo por medio de su hermano, Juan Manuel”.

“Les daban las licitaciones a los compadres, a los amigos quienes daban costos baratos de obra y resultaba todo mal porque las obras salían defectuosas”, dijo.

Reiteró el mismo supuesto modo de operación que otros de los empresarios zacatecanos, donde Miguel Alonso Reyes y su hermano cobraban un porcentaje de la obra a los empresarios beneficiados con contratos.

“Cobraban el 11% mínimo de la obra adjudicada, más otros 9% para el intermediario. Entonces era bárbaro porque en algunos casos bajaba la calidad de obra y en todas las licitaciones y compras que hizo el gobierno”.

Recordó que trató de enfrentar este tipo de irregularidades por medio de la Cámara de la Construcción, delegación Zacatecas, pero los empresarios también estaban maniatados y “no quisieron entrarle” a la denuncia.

“Yo estaba encantado de entrarle, pero solo no, muchos compañeros empresarios no quisieron entrarle. Pero si a caso por una obra de un millón de pesos, como para qué, pues nos íbamos a tardar en meter un juicio contra el gobierno”, declaró.

Asimismo, Jesús Salinas, titular del corporativo Salinas de Ávila, únicamente se abstuvo a decir "son casos reales" las publicaciones de EL UNIVERSAL en las que se revelan operaciones irregulares en licitaciones públicas de la administración de Miguel Alonso Reyes.

Desde abril pasado, el empresario Pedro Inguanzo Varela dijo públicamente que Miguel Alonso Reyes y su hermano mayor (Juan Manuel) se enriquecieron cobrando cuotas por los contratos otorgados a ciertas empresas de amigos y familiares que pagaban un supuesto diezmo para ser beneficiadas en licitaciones públicas.

En ese momento, acusó de corrupción al entonces gobernador zacatecano, a pesar de que su hijo, Pedro Iguanzo González, formaba parte de la administración priista como titular de la Secretaría de Turismo estatal.