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El Congreso de la Unión tendrá una agenda de pendientes a partir del próximo jueves 1 de septiembre, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones, en la que destacan una serie de nombramientos que recaen en el Senado de la República.
La Cámara Alta arrancará el próximo periodo con una negociación para aprobar al menos 25 nombramientos, entre ellos los siete magistrados del TEPJF, el nuevo secretario de la Función Pública —ante la salida de Virgilio Andrade—, un fiscal anticorrupción para cumplir con el Sistema Nacional Anticorrupción ya avalado y un nuevo Fiscal General de la Nación.
También está pendiente la discusión de la iniciativa para regular el uso medicinal de la marihuana, la Ley de Víctimas, y el siguiente paquete de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, como la Ley de Obras.
La Cámara de Diputados abrirá el periodo con la recepción del paquete económico para 2017, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que la Secretaría de Hacienda entregará con fecha límite el próximo 8 de septiembre.
Para el politólogo del Colegio de México, José Antonio Crespo, la prioridad del Congreso en los próximos tres meses y medio será la económica, y es ahí dónde habrá más jaloneos: “Va a haber pocos resultados en este periodo”.
Alberto Aziz, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), coincidió en que el tema económico será el que más atención se llevará en el Congreso de la Unión.
Catarata de nombramientos. Entre los nombramientos que aprobará el Senado se encuentran los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyas ternas serán definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Destaca el nombramiento del sustituto del magistrado Alejandro Luna Ramos, cuya terna ya fue enviada por la SCJN en marzo de 2015, y cuyo dictamen se encuentra en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.
Como parte del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Congreso creó la fiscalía especializada en delitos relacionados con actos de corrupción, que depende de la PGR, y que debe ser avalada por los senadores.
Para estar acorde con las nuevas leyes del SNA, la Cámara Alta deberá esperar la propuesta del Presidente para sustituir a Virgilio Andrade Martínez, quien renunció a la Secretaría de la Función Pública.
Desde la legislatura pasada el Senado tiene entre sus pendientes el nombramiento del nuevo fiscal General de la Nación, dependencia en la que se transformará la PGR a partir de 2018.
De acuerdo con los senadores consultados, será hasta 2017 cuando también designen a los nueve integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA: expertos en temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Entre los nombramientos pendientes también se encuentran dos consejeros del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, ante la conclusión del cargo de la consejera Norma Patricia Jara y la renuncia del consejero Raúl Quintanilla.
También faltan los nombramientos de tres comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), toda vez que desde octubre de 2014 concluyeron en su cargo los comisionados María del Rosario Torres Mata y María Olga Noriega Sáenz; en enero de 2015 concluyó el cargo del consejero Carlos Ríos Espinosa.
El Senado también deberá aprobar las designaciones del titular de la Comisión Federal de Competencia Económica; un comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones; un consejero independiente del Consejo de Administración de Pemex y un consejero independiente del Consejo de Administración de CFE.
Además del nombramiento de un integrante de la Junta de Gobierno del Inegi, luego de que de Félix Vélez Fernández Varela concluye su cargo el 31 de diciembre próximo, así como Manuel Sánchez González, integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, y José Gerardo Quijano León, integrante de la Junta de Gobierno del IPAB, quienes concluyen su cargo el 31 de diciembre.
También en San Lázaro. El próximo 1 de septiembre la Cámara de Diputados arrancará su segundo año en funciones y una de sus principales tareas será aprobar el paquete económico con el que trabajará el gobierno federal el próximo año. De acuerdo con especialistas, el debate económico “secuestrará” toda la agenda legislativa, sobre todo por la crisis económica mundial, los recortes presupuestales anunciados por la Secretaría de Hacienda y por los siete nuevos gobernadores de oposición. Incluso no hay mucha expectativa de que los legisladores avalen otras reformas importantes.
El 1 de septiembre los ocho grupos parlamentarios recibirán el Cuarto Informe de Gobierno del Presidente, sin embargo, desde hace algunos años ya no acude a San Lázaro a entregarlo, sino que se hace de manera física por parte del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En esta sesión los grupos parlamentarios fijarán su posición del rumbo que lleva México desde la máxima tribuna del país, además se activa el mecanismo de Preguntas Parlamentarias, que son los cuestionamientos que cada bancada le hace al titular del Ejecutivo al no acudir al recinto parlamentario.
Días más tarde, el Presidente, a través de la Secretaría de Hacienda, enviará antes del 8 de septiembre su iniciativa de Ley de Ingresos (ILIF), su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) y los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), conocidos como Paquete Económico para 2017.
Según la normatividad, la Ley de Ingresos debe ser avalada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre, mientras que el Senado tiene como fecha límite el 31 de octubre; el Presupuesto de Egresos de la Federación debe ser avalado solamente por la Cámara Baja antes del 15 de noviembre.
Otros temas. Los diputados federales tienen en la lista de espera la iniciativa del Presidente de la República que tiene que ver con los matrimonios de personas del mismo sexo, con la posibilidad de adoptar; además, la Ley General de Víctimas y Desaparición Forzada, la Ley Secundaria del Salario Mínimo, la autonomía al Canal del Congreso, una reforma electoral y la reforma para el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para que los funcionarios hagan obligatoria y transparente su declaración 3de3.
José Antonio Crespo reiteró que la prioridad va a ser el paquete económico y en esa medida otros temas van a ser relegados: “No sé si van a tener el tiempo y la disposición para aprobar otras cosas, pero en donde se van a concentrar y en donde va a haber jaloneos es en el tema económico”.
Incluso afirmó que la llegada de siete nuevos gobernadores de oposición va a generar más tensiones en las discusiones debido a que llegan a estados con algunos problemas económicos.
“Muchos [gobernadores electos] están recibiendo estados muy endeudados y tratarán de recibir ayuda a través de los paquetes presupuestales y de los recursos que se asignan a los estados. Me imagino que los gobernadores nuevos van a tratar de solventar, en buena parte, las deudas que reciben y los desfalcos”, describió Crespo.
Al preguntarle si tendrá futuro y será avalada en este periodo la iniciativa presidencial de los matrimonios del mismo sexo, Crespo respondió: “Yo creo que no, tal vez lo aborden pero tiene pocas posibilidades de salir como se planteó; los priístas le están atribuyendo parte de esta ley a los resultados electorales y la influencia que hizo la Iglesia, y si los propios priístas no le quieren entrar porque lo consideran electoralmente nocivo para su partido, probablemente esa ley se diluya o se quede congelada”.
Alberto Aziz dijo que la Ley de Ingresos y el Presupuesto 2017 “van a ser de los temas más importantes del próximo periodo, sobre todo, por la carencia de recursos viene un nuevo ajuste en el Presupuesto y ahí van a venir los recortes y malabares para ver quién saca menos o más para sus causas”.
Sobre la iniciativa de matrimonios del mismo sexo, Aziz aseguró que el titular del Ejecutivo coincide con una resolución de la Suprema Corte y con este documento se juega buena parte de la legitimidad que busca recuperar.
“La recuperación de la legitimidad siempre trae la parte adversa, es decir, va a perder con el sector conservador, eclesiástico, pero creo que puede ser uno de los temas que va a estar muy presente en el debate”.
