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La comisionada presidenta del Inai, Ximena Puente, afirmó que a pesar de las “incidencias técnicas” que ha retrasado el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia no se ha impedido el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.
Al acudir a la Comisión Permanente para entregar el Informe de Labores 2015 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Puente de la Mora explicó que los ciudadanos han presentado sus requerimientos de información por diversos medios como correo, teléfono o por el Sistema Infomex Federal y de los estados.
“A nivel nacional el promedio mensual de solicitudes en 2015 fue de 19 mil 458 y en el periodo del 5 de mayo [cuando se lanzó la plataforma] al 5 de julio de 2016 se presentaron 26 mil 452, es decir, 6 mil 994 solicitudes más. El derecho de acceso a la información no se ha coartado, sigue su curso y estamos ofreciendo herramientas para hacer solicitudes”, detalló.
El diputado Clemente Castañeda (coordinador de Movimiento Ciudadano) preguntó a la comisionada sobre el origen y responsables de que la plataforma no esté en funciones y señaló que no se puede argumentar que sólo se trata de un incidente técnico, en virtud de la relevancia del acceso a la información.
Puente de la Mora señaló que el Inai estableció un contrato con la empresa Intellego por 9.6 millones de pesos para la creación de la plataforma, y en estos momentos están en la etapa de conciliación, y muy pronto “esperemos que la plataforma esté funcionando a 100%, como se comprometió”.
Antes, la comisionada Puente reconoció que a pesar de los avances en la materia, México enfrenta también grandes retos derivados de los reajustes económicos mundiales, la implementación de reformas estructurales y del descontento generalizado de la sociedad, a causa de la corrupción, por ello se trabaja para recuperar la credibilidad.
En ese contexto, informó que las sanciones impuestas por el Inai contra empresas por violar la Ley de Protección de Datos Personales ascendieron el año pasado a 83 millones 869 mil 735 pesos.
Ello, expuso, representó un aumento de casi el doble, en comparación con las multas impuestas en 2014, cuando el Inai sancionó a diversas empresas privadas por 42.5 millones de pesos.
En materia de acceso a la información dijo que el año pasado se registraron 120 mil 813 solicitudes de información, lo que representa un crecimiento de 5.3% con respecto a 2014.
“Las solicitudes de información recibidas denotan que los temas que más suscitan el interés son la salud y la educación, tal y como lo demuestra el hecho de que las tres instituciones que registraron el mayor número de solicitudes en 2015 fueron el IMSS, la SEP y la Secretaría de Salud”, externó.
El senador Alejandro Encinas reconoció que en el Congreso están pendientes la Ley de Datos Personales y la Ley General de Archivos; empero, cuestionó a la comisionada presidenta porque el Inai ha adoptado diferentes resoluciones sobre el caso Tlatlaya, Estado de México, donde presuntamente elementos del Ejército “ejecutaron a civiles”.
“Sobre los hechos en Tlatlaya… hubo un requerimiento de información sobre el cual el instituto mantuvo una reserva, alegando la existencia de un amparo. Cuando, de acuerdo con la ley, no existe reserva alguna en los casos acreditados de violaciones graves a los derechos humanos, ¿por qué esa reserva?”, señaló.
La senadora Laura Rojas (PAN) expresó su preocupación por las fallas en la plataforma, por lo que pidió que el tema se resuelva a la brevedad, porque a pesar de que no se ha restringido el derecho de acceso a la información, el programa lo facilita.
“Ese es justamente el propósito de la plataforma, facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y por eso es que igual que todos los procedimientos que pusimos en la Ley General se trata de ayudar el derecho de acceso”.
Al finalizar su presentación, Puente expresó que el combate a la corrupción, la opacidad o a cualquier impedimento al ejercicio de los derechos humanos es responsabilidad de todos y “la solución pasa por la firmeza y solvencia de nuestras decisiones y por la prevalencia del interés público”.
