Mediante una iniciativa, el grupo parlamentario del PRI solicitó reformar la Ley de Cámaras Empresariales y Confederaciones, con la intención de evitar actos de corrupción y generar una cultura ética y de legalidad en la iniciativa privada.

La diputada Claudia Anaya expuso la necesidad de que la propia ley imponga a las cámaras empresariales la obligación de integrar un padrón con carácter público, que incluya a todas aquellas empresas que han incurrido en actos de corrupción, además de que sean éstas quienes conduzcan las acciones de difusión de una cultura de legalidad.

“Se busca que los propios empresarios trabajen coordinadamente con la Secretaría de la Función Pública (SFP), para investigar y esclarecer posibles actos de corrupción en los que participen funcionarios de gobierno y empresarios”, añadió.

Anaya Mota aseveró que de aceptarse dicha iniciativa, se estaría excluyendo la participación de empresarios corruptos en las cámaras y confederaciones empresariales, ya que de comprobarse un antecedente de esta naturaleza, sería suficiente para negarle la afiliación.

“Es necesario que el sector privado se sume a la tarea del Estado mexicano en su propósito de abatir los actos de corrupción, y con ello, impulsar el desarrollo económico y social para que se beneficie a más mexicanos”, asentó.

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