Ignora Congreso a IP; avala sin ajustes Ley Anticorrupción

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La ausencia de 21 integrantes de oposición en la Cámara de Diputados —PAN, PRD, Morena y MC— impidió modificar las minutas que envió el Senado y que le dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Los legisladores no cambiaron los documentos, por lo que las declaraciones patrimonial, de interés y fiscal de los servidores públicos no serán regidas por el principio de máxima publicidad, ya que se podrán mantener en reserva en los casos que consideren que éstas afectan su vida privada.

Con esto, los tres principales dictámenes del SNA fueron enviados al Ejecutivo y se mantiene que será el Comité de Participación Ciudadana quien emita los formatos para que los servidores presenten sus declaraciones, “garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”, según consta en el dictamen avalado.

El debate subió de tono cuando toda la oposición se reservó el artículo 29 para buscar que las declaraciones de los servidores fueran públicas. En una votación agónica, sólo alcanzó 209 votos, mientras que el bloque PRI-Verde-Panal sumó 228 votos; es decir, obtuvo sólo 19 más.

La polémica se generó en la bancada de Encuentro Social, que encabeza Alejandro González Murillo, pues a pesar de que su partido también se había reservado el artículo 29, en plena votación estaban fuera del salón de sesiones y llegaron unos segundos después de que se cerró el tablero y pidieron que se les considerara; sin embargo, no prosperó.

En respuesta, legisladores del PRD y de Morena les gritaban “¡traidores, traidores!” por no haber votado con ellos. González Murillo explicó: “Estábamos en una reunión y llegamos 10 segundos tarde”. Explicó que irían a favor de como venía el dictamen, es decir, con el PRI y Verde, pero “ya lo asentamos en cédula”.

Reclamo de IP no prosperó. Pese a la oposición de grupos empresariales, los diputados tampoco modificaron el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos que obliga a las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos de organismos públicos de las entidades o municipios, a presentar sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal.

También, estarán obligadas a presentar su 3 de 3 las personas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales.

En el artículo 73 de este ordenamiento, que ya fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se establecen como “faltas” para el sector empresarial las omisiones al presentar dichas declaraciones dentro de los plazos previstos, faltas a la veracidad para ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea justificable, o posibles conflictos de interés.

Sobre las sanciones, el documento explica que alcanzarían multas económicas de hasta dos veces los beneficios obtenidos, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor a tres meses ni mayor a ocho años; indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

CCE apoya la norma. El coordinador de la bancada del PRI, César Camacho Quiroz, afirmó que para el tricolor el SNA es un enorme avance. Aseguró que las muestras de empresarios en contra sólo son de un sector, pues habló con Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien “ve con simpatía los avances en la materia”.

Por su parte, el coordinador del PAN, Marko Cortés, adelantó que su partido también se reservaría el artículo 32 para derogar que los empresarios también estén obligados a presentar su 3 de 3, pese a que todo el blanquiazul votó a favor del Sistema Nacional Anticorrupción.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano, criticó que no se hagan públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos puesto que quedaría como actualmente está la ley; sin embargo, afirmó que es positivo que esta iniciativa alcance a empresarios.

Otras minutas. En este debate también se avalaron la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que establece las bases de coordinación entre la Federación, las entidades, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del SNA; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que busca determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siendo éste un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena.