Cuestionan expertos iniciativa ciudadana aprobada a medias

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La aprobación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin que se obligue a publicitar las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, no abona al combate a la corrupción ni a la recuperación de la confianza que la ciudadanía perdió en sus gobernantes, consideraron especialistas en materia de transparencia.

La discrecionalidad que quedó en la también denominada Ley 3 de 3 representa un retroceso en el combate a la corrupción, consideró la ex comisionada del extinto Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Elena Pérez Jaén.

Afirmó que si bien la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es un avance en el tema, que los senadores del PRI y Partido Verde —principalmente— se hayan opuesto a que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones fiscal, patrimonial y de interés, representa un retroceso para la ciudadanía.

“No quedo conforme con esta aprobación. Si bien el Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado en su conjunto, es un avance, vemos que no hay voluntad por hacer públicas las declaraciones, hecho que abonaría al combate a la corrupción y sobre todo a la recuperación de confianza de la ciudadanía”, comentó en entrevista.

Cuestionó a los legisladores por manifestar en el discurso voluntad de convertir a México en un país transparente, pero “la realidad es otra”. Señaló que ante el hartazgo de la ciudadanía se esperaban medidas drásticas, por lo que “me quedo con un mal sabor de boca; era el momento para reconstruir la confianza [en los políticos]”, añadió.

Mauricio Merino, investigador del CIDE, afirmó que en su conjunto la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción es sumamente valiosa y es una herramienta de gran calado que será capaz de producir un sistema que comience a bloquear las causas que generan la corrupción. “Lo que es una tontería es la exigencia de la declaración 3 de 3 a cualquier persona que haga contacto con el Estado mexicano".

Por su parte, Guillermo Cejudo, académico del CIDE, cuestionó que no se haya aprobado la obligatoriedad de que los servidores hagan públicas sus tres declaraciones, toda vez que ello es una de las partes importantes del combate a la corrupción.

Lamentablemente, dijo, no hay nada más que hacer en el Congreso, ya que en la Cámara de Diputados PRI y Partido Verde hacen mayoría.

María Marván Laborde, ex comisionada del IFAI, manifestó que la esencia de la Ley 3 de 3 se pierde porque no habrá una publicidad total.

Eduardo Bohórquez, de la organización Transparencia Mexicana, advirtió que la batalla para conformar el SNA apenas empieza.