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A pesar de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, los organismos encargados de garantizar el derecho a la información en todo el territorio nacional no mejoran en cuanto a su función.

Así lo evidenció la segunda edición del Índice Nacional de los Organismos Garantes del Derecho a la Información —realizado por Artículo 19 y México Infórmate— en las 32 entidades, en donde se muestra, incluso, que algunos estados cayeron en evaluación respecto de 2014.

El promedio nacional de desempeño de los organismos, a nivel nacional, es de 49.74 puntos de 100, siete puntos por debajo de lo que se registró en 2014.

El peor organismo evaluado fue el de Guerrero, el cual obtuvo 14.48 puntos, por no dar respuesta a las solicitudes de información que construyen el índice.

“Estamos preocupados, vemos una baja en el desempeño de los organismos de transparencia cuando su función es promover el derecho a la información y solucionar controversias”, mencionó Gabriela Morales, del organismo México Infórmate.

Morales expuso que al menos 17 estados están por debajo de la calificación nacional (49.74 puntos), y algunos de éstos tuvieron un notorio descenso respecto de lo que obtuvieron en 2014.

Las entidades peor calificadas fueron: Guerrero, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Baja California Sur, Querétaro y Chiapas, los cuales obtuvieron menos de 40 puntos.

“Existe un desaliento porque vemos que no hemos mejorado a pesar de que la Ley General de Transparencia ha avanzado. Nos encontramos con un índice que muestra una caída de casi cuatro puntos, esto qué quiere decir, que todavía falta mucho por hacer, que hay retos muy grandes para los organismos de transparencia, para que alcancen el espíritu de la reforma constitucional”, mencionó Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19.

Ricardo Luévano, de Artículo 19, mencionó que el índice se midió a partir de cuatro dimensiones: la transparencia y rendición de cuentas; la promoción que hacen los órganos garantes del derecho de acceso a la información; la manera en que resuelven los recursos de revisión y el marco normativo.

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