Ordenan arresto de líderes de la CNTE

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La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con órdenes de aprehensión en contra de Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, principales cabezas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca; sus nombres forman parte de una lista de 24 aprehensiones pendientes por ejecutar contra integrantes del magisterio.

Autoridades ministeriales informaron a EL UNIVERSAL que Núñez Ginez y Villalobos Ricárdez, secretario general y secretario de organización de la Sección 22, respectivamente, están identificados como los presuntos responsables de orquestar movilizaciones que derivaron en motines, robos, daños a propiedad ajena y contra la riqueza nacional.

Confirmaron que los mandatos judiciales contra estos líderes forman parte de 29 órdenes de aprehensión que se giraron debido a tres denuncias que se presentaron en contra de los maestros disidentes durante el proceso electoral del 7 de junio de 2015.

Las autoridades indicaron que se ejerció la acción penal en su contra desde octubre de 2015, fecha en la que este diario dio a conocer que existían las 29 órdenes de captura contra integrantes de la CNTE, y hasta ahora se confirma que Núñez y Villalobos, también conocido como Chico Pelón, son parte de los inculpados.

Las autoridades indicaron que aunque existe el mandato judicial contra los dirigentes magisteriales, y a pesar de que en los últimos días han encabezado marchas en la Ciudad de México, no se han ejecutado las órdenes de aprehensión, puesto que hacerlo durante una de las movilizaciones podría desatar hechos violentos.

Los dirigentes buscan siempre tener un círculo de protección de sus colaboradores más cercanos, o como en el caso de su estadía en la capital del país, se “refugian” aparentemente en las instalaciones de la Sección 9 de la coordinadora, detallaron.

A pesar de que entre los manifestantes se encuentran maestros, tanto líderes como operadores, con órdenes de aprehensión, las autoridades han optado por el diálogo para desalojarlos y evitar cualquier tipo de roce que sirva de pretexto a la disidencia para responder de manera violenta.

Por ejemplo, durante la madrugada del 21 de mayo pasado, la Policía Federal se encargó de retirar a la CNTE del plantón en la Plaza de Santo Domingo.

Durante el despliegue, el comisario Mendoza de la Policía Federal, encargado del operativo, soltó: “Recojan sus cosas, la Secretaría de Gobernación designó unos autobuses para que los lleven a sus lugares de destino; algunos de ustedes tienes órdenes de aprehensión, los invitamos a que se retiren pacíficamente”, los maestros accedieron y no hubo detenidos.

Fugitivos. Otros líderes magisteriales de la CNTE que tienen orden de aprehensión pendiente de cumplir son: María del Carmen López Vázquez La Jicayán y Norma Cleyver Cruz Vázquez La Chola, identificadas como integrantes del grupo de choque Bloque Negro o también conocidas como Las Pozoleras.

En la relación están José Alberto García Raymundo, Rubén Darío Rodríguez Vidal, Francisco Durán Azamar, Antonio Morales Martínez, Benito Vásquez Heneztrosa, Eloy Rivera Córdova, Fernando Rivera Marcelo, Proceso Manzano García, Eleazar López Rubio, Armando Delgado Ortiz, Eleuterio Acevedo Santiago, Antulio Rangel Moreno, José Alfredo García Villanueva y Narciso Pérez Silva, también por presuntamente participar en actos de vandalismo.

La profesora Xóchitl Jazmín Ávila Morales, ex jefa de departamento de educación preescolar; y los maestros Carlos Sánchez Juárez, quien estuvo al frente del departamento de escuelas secundarias técnicas, y Nicolás Daniel Rosas Ibáñez, ex titular del departamento de telesecundarias, también son buscados por el delito de usurpación de funciones públicas o de profesión.

El 29 de octubre del año pasado, la Policía Federal dio cumplimiento a cuatro órdenes de aprehensión en contra de los profesores Juan Carlos Orozco Matus, Efraín Picazo Pérez, Roberto Abel Jiménez García y Othón Nazariega Segura. El pasado 15 de abril se detuvo a Aciel Sibaja Mendoza, secretario de Finanzas de la Sección 22, por el delito de lavado de dinero.