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La inseguridad en algunas partes del país es parte del escenario cotidiano, pero no está en riesgo por ello la instalación de más de 68 mil casillas el 5 de junio, aseguró ayer el Instituto Nacional Electoral (INE).

En pleno, los 11 consejeros del INE se declararon listos para la elección y para que alrededor de 37 millones de ciudadanos ejerzan su voto en libertad en 14 entidades con elecciones el próximo 5 de junio.

En todas ellas, garantizó el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova Vianello, será posible una elección con estándar nacional, pero lanzó una advertencia: el INE supervisará a todos los Organismos Públicos Locales (OPL) y podrá ejercer sus facultades de remoción de consejeros en caso de que alguno viole la ley o ponga en situación vulnerable las elecciones.

De esta manera, el INE ofreció elecciones con estándar nacional y por ello descartó la posibilidad de atraer las elecciones locales en Puebla, como lo exigieron PRI, PRD o Morena la víspera, o en Veracruz y Sinaloa, como lo pidieron PRD y Morena.

Si hay actuación irregular de los OPL, indicó Córdova, “tiene que quedar claro de que va a haber consecuencias”, advirtió en sesión de la Junta General Ejecutiva, en la que se designó a funcionarios provisionales para el organismo de Durango, en donde, ante la descoordinación interna, el INE debió intervenir para garantizar la conclusión de los comicios.

Córdova reportó que 472 mil 119 ciudadanos están capacitados y listos para ser funcionarios de casilla, y ubicó que sólo hay problemas sociales que dificultan garantizar la instalación de menos de cinco casillas en San Dionisio del Mar y Álvaro Obregón, municipios de Oaxaca.

El consejero Arturo Sánchez Gutiérrez, presidente de Comisión de Vinculación del INE con OPL, desestimó la posibilidad atraer las elecciones como pidieron PRI, PRD y Morena, pues se desarrollan adecuadamente y no conviene hacer cambios.

El consejero Ciro Murayama negó haya riesgos en la elección por cuestiones de inseguridad. El INE debe instalar casillas para que la gente vote. “¿Desde ese punto de vista y sólo desde ese punto de vista hay riesgos al día de hoy para decir que en algunas zonas, municipio o estados no se podrá votar? No, no los hay”, dijo.

El consejero Benito Nacif explicó que no hay preocupación, “podemos decir con mucha tranquilidad que los preparativos para las elecciones van avanzando en tiempo y forma”.

“Es cierto que en algunas entidades hay situaciones de inseguridad que preocupan... pero en ese ambiente adverso hemos conseguido organizar elecciones de manera exitosa”.

En Tamaulipas, Veracruz y otras entidades, la ciudadanía puede tener la confianza de que habrá cerca de sus casas una casilla y podrán decidir en secrecía por quién votar, indicó.

Piden propuestas. En el tramo final de las campañas, los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exhortaron a los candidatos a emitir propuestas.

La propaganda política debe proponer políticas públicas, ilustrar cuáles serán las estrategias o líneas de acción de la actividad pública, “si no tenemos propaganda cumpliendo esos objetivos, para qué otra cosa pretenden gobernar los partidos y los candidatos”, advirtió el magistrado presidente del TEPJF, Constancio Carrasco.

Sobre este tema, el consejero Ciro Murayama estableció que no es papel del INE fungir como árbitro y “corregir el estilo del juego de los que están contendiendo, sino marcar infracciones a la norma” y aunque lo deseable son las propuestas, cada partido decide.

El consejero Enrique Andrade indicó que por ello “respetamos las estrategias de cada partido, pero no ayudan a fomentar la educación cívica y abonan al descrédito de lo público” razón que podría explicar la baja participación electoral, “pues no emocionan al elector” los ataques entre candidatos.

La presidenta de la Comisión de Quejas, Adriana Favela, expuso que un dato que ilustra esa situación es que de octubre a la fecha se han presentado 131 denuncias por presunta propaganda calumniosa, pero sólo han procedido 18 casos en los que se han dictado medidas cautelares.

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