26 | MAY | 2019
El coordinador del Consejo Editorial Consultivo de EL UNIVERSAL, Juan Ramón de la Fuente (derecha), durante el seminario “El Federalismo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (JUAN CARLOS REYES. EL UNIVERSAL)

Piden dimensionar el rol del federalismo en el país

26/05/2016
02:07
Juan Arvizu
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El federalismo en México debe ser ordenado y responder a un diseño que, en efecto, descentralice el poder y resuelva sus confusiones y contradicciones, y así dar respuesta a problemas tan palpables como el sobreendeudamiento de estados y el control por parte de gobernadores de órganos que debieron ser autónomos, señalaron —en el marco de los 100 años de EL UNIVERSAL— académicos y legisladores en el seminario “El Federalismo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Previnieron que la coyuntura ha provocado la tendencia, cada vez mayor, de que la Federación tome competencia en temas que corresponden a estados y municipios, lo cual ocasiona, a la vez, el debilitamiento de las instancias locales.

En el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se desarrollaron las mesas uno y dos del seminario, con el que EL UNIVERSAL, la máxima casa de estudios y el Senado abren la reflexión sobre el centenario de la Constitución.

El coordinador del Consejo Editorial Consultivo de EL UNIVERSAL, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que el análisis sobre el federalismo, al que convoca El Gran Diario de México, propone que académicos en diversas ramas, así como legisladores, aporten propuestas que lleguen a incidir en una revisión del texto constitucional, “para mejorar el batidillo que hemos hecho”.

Pedro Salazar Ugarte, director del IIJ, advirtió que se cae en la práctica de centralizar decisiones a fin de resolver problemas, pero con ello se vuelve a trastocar el federalismo.

En la mesa uno, los ponentes se refirieron a las cuestiones sobre “¿Por qué y para qué el federalismo en México? ¿Cuál es el modelo constitucional de nuestro sistema federal?”.

Jorge Islas, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, refirió que la Constitución de 1917 da más poder y potestades al gobierno federal y debilita a los estatales y municipales. Dijo que en México se tienen el federalismo constitucional, semántico y el de facto.

Subrayó que a partir del año 2000 las participaciones federales crecieron de manera descomunal, y estimó que se han destinado a los estados, de entonces a 2015, unos 355 mil millones de dólares, y, sin embargo, las entidades están sobreendeudadas.

El académico propuso una reflexión sobre los límites que debe tener la Federación y, en particular, el artículo 73, en el que se quitan facultades a los estados.

En el presente sexenio se regresó a la aplicación de mecanismos centralizados, dijo el investigador del IIJ, Hugo Concha Cantú, y refirió que el principal reto que se presenta al federalismo mexicano es que funcione frente a la desigualdad.

José María Serna, del IIJ, dijo en el encuentro que “en México no hemos tenido un federalismo real, y tampoco un constitucionalismo y democracia reales; se trata de un sistema que responde a la diversidad, lo cual es una razón poderosa para conservar la política federal”.

Mejorar condiciones de alcaldías. En la segunda mesa se planteó otorgar mayores facultades a los municipios, ya que los analistas consideraron que en las estructuras de las entidades se padece una tendencia a la centralización y al control, lo cual ha generado gobernadores caciques, y por ello se deben fijar contrapesos reales.

El coordinador del seminario, Ricardo Raphael, explicó que en el sistema federalista se han generado medidas que atienden deficiencias de lo local, sin que las acciones queden en ese ámbito, y en consecuencia “dañamos la inversión en capacidades humanas, en procesos de políticas públicas para atender los problemas en ese que es el nivel más próximo a la población: el municipio”.

El investigador José Gamas señaló la forma en que los municipios están sometidos a los gobernadores, en detrimento de la efectividad del gobierno. Propuso que los ayuntamientos tengan periodos, no de tres años, sino de cuatro o seis años para concretar planes.

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