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Con la oposición del PRD y el PT, el Senado aprobó con 78 votos a favor y 27 en contra la minuta de reformas al Código de Justicia Militar y que expide el Código Militar de Procedimientos Penales, la cual suprime los Consejos de Guerra y crea juzgados militares de control.

El dictamen avalado —sin modificaciones a la minuta enviada por la Cámara de Diputados— que establece que la Procuraduría General de Justicia Militar se transforma en Fiscalía General de Justicia Militar, fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación.

Con estas reformas se crean tribunales militares de juicio oral, así como la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, con el objeto de otorgarlos al Ministerio Público como a la Defensa.

Los senadores Alejandro Encinas, Dolores Padierna y Manuel Bartlett, del PRD y PT, respectivamente, presentaron una moción suspensiva de la discusión, porque en el articulado de las reformas existen disposiciones que facilitan condiciones de un “estado de excepción”.

El senador Patricio Martínez (PRI) aseguró que con esta reforma los procedimientos que se lleven en la jurisdicción militar estarán acordes con el sistema penal acusatorio, pero detalló que al Ejército se le señale y se le restrieguen delitos que han cometido miembros malos de las Fuerzas Armadas y que están teniendo su castigo.

“Cuidemos eso, veamos de qué manera podemos tener más información en esta soberanía de lo que ocurre en los tribunales militares y de los juicios que se están llevando a cabo”, dijo.

Encinas acusó de violaciones al Reglamento del Senado, que obligan a devolver el proyecto a comisiones, además de que en sus contenidos faculta a la autoridad militar a ejercer funciones de los civiles en tiempos de paz.

Recordó que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió una misiva al Senado en la que advierte en los proyectos de ley disposiciones violatorias de los derechos humanos.

El legislador deploró que la reforma involucra a la justicia militar en el ámbito de la población civil, y se faculta a que los juzgados de control militares ordenen cateos, en casos de delitos de disciplina relacionados con el crimen organizado, homicidio doloso y violento con arma de fuego y explosivo.

Se concede a la autoridad militar a catear domicilios previa autorización de un juez, así como oficinas de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de los tres ámbitos de gobierno, así como en las sedes de los organismos constitucionales autónomos, y en las instalaciones de la policía y el Ministerio Público.

“¿Qué tiene que ver los cateos a los domicilios particulares con la disciplina militar?”, preguntó el senador Manuel Bartlett, quien dijo que esas facultades “ponen en peligro a la nación, la paz de la República”.

“Se está autorizando catear el Senado, ¿se dan cuenta de lo que están haciendo?”, preguntó Bartlett al pleno.

Dolores Padierna acusó que se quiere autorizar a las autoridades militares intervenir comunicaciones privadas que se realicen en forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, mecánicos, sistemas o equipos informáticos.

El senador Marco Blásquez dijo que en las nuevas disposiciones atentan contra la libertad de expresión, porque el Código Militar de Procedimientos Penales se condiciona la cobertura periodística de juicios castrenses.

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