Con la oposición del PRD y el PT, el Senado aprobó por 78 votos a favor y 27 en contra la minuta que reforma el Código de Justicia Militar y que expide el Código Militar de Procedimientos Penales, la cual suprime los Consejos de Guerra y crea juzgados militares de control.
El dictamen avalado –sin modificaciones a la minuta avalada en la Cámara de Diputados—que también establece la supresión de la Procuraduría General de Justicia Militar, que se transforma en Fiscalía General de Justicia Militar, fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación
Con estas reformas se crea tribunales militares de juicio oral, así como la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, con el objeto de otorgarlos al Ministerio Público como a la Defensa.
Los senadores Alejandro Encinas, Dolores Padierna y Manuel Bartlett, del PRD y PT, respectivamente, fracasaron en su propuesta de moción suspensiva de la discusión, porque en el articulado de las reformas existen disposiciones que facilitan condiciones de un “estado de excepción”.
Encinas acusó de violaciones al Reglamento del Senado, que obligan a devolver el proyecto a comisiones, además de que en sus contenidos faculta a la autoridad militar a ejercer funciones de los civiles en tiempos de paz.
Encinas recordó que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, envió una misiva al Senado en la que advierte en los proyectos de ley disposiciones violatorias de los derechos humanos.
Encinas deploró que la reforma involucra a la justicia militar en el ámbito de la población civil, y se faculta a que los juzgados de control militares ordenen cateos, en casos de delitos de disciplina militar relacionados con el crimen organizado, homicidio doloso y violento con arma de fuego y explosivo.
Se autoriza a la autoridad militar a catear domicilios previa autorización de un juez, así como oficinas de los poderes Ejecutivo, legislativo o Judicial de los tres ámbitos de gobierno, así como en las sedes de los organismos constitucionales autónomos, y en las instalaciones de la Policía y el Ministerio Público.
“¿Qué tiene que ver los cateos a los domicilios particulares con la disciplina militar?”, preguntó el senador Manuel Bartlett, quien dijo que esas facultades “ponen en peligro a la nación, la paz de la república”.
Dijo: “Se está autorizando catear el Senado, ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo?”,  preguntó Bartlett al pleno.
Dolores Padierna acusó que se quiere autorizar a las autoridades militares intervenir comunicaciones privadas que se realicen en forma oral, escrita, por signos, señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos.
El senador Marco Antonio Blásquez dijo que en las nuevas disposiciones atentan contra la libertad de expresión, porque el Código Militar de Procedimientos Penales se condiciona la cobertura periodística de juicios castrenses.
Propuso que los periodistas no sean obligados a declarar ante un Tribunal militar, como lo prescribe el artículo 359 del código Militar de Procedimientos Penales: “Toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado”.
La norma que nadie deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de la controversia, salvo disposición en contrario. Sin embargo, sus reservas fueron desechadas.

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