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El Senado de la República recibió la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para reformar la Ley General de Educación, que tiene como propósito autorizar a las escuelas de educación básica y normal ajustar el calendario escolar que originalmente emita la SEP.
La propuesta establece 185 días mínimos efectivos de clases y un máximo de 200, y en esas jornadas escolares “se deberá cumplir con las horas de clase que establezca la autoridad educativa federal”, como señala la reforma.
Anunciada con anterioridad por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, esta reforma modifica la Ley General de Educación vigente, que dispone que el calendario escolar incluya 200 días obligatorios de clase.
Esta reforma brindará flexibilidad al calendario escolar, con el fin de optimizar el aprovechamiento efectivo del tiempo de la jornada escolar, al tomar en cuenta las condiciones del clima, festividades tradicionales y usos y costumbres locales.
La iniciativa presidencial formó parte del orden del día de la sesión de ayer, en la cual la mesa directiva le dio entrada formal al proceso legislativo para remitirla a comisiones para su estudio; se considera que sea votada y remitida a la Cámara de Diputados en el periodo de sesiones en curso.
El proyecto de Peña Nieto comprende cambios a los artículos 13, 51, 53 y 69 de la Ley General de Educación, y está acompañado por un oficio de la Secretaría de Hacienda que establece que las nuevas disposiciones no tienen impacto presupuestario.
La reforma, como la propone el Ejecutivo federal, otorga a las autoridades educativas locales la atribución de “autorizar a las escuelas, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos que emita la autoridad educativa federal, los ajustes que realicen al calendario escolar (…) para cada ciclo lectivo de educación básica y normal”.
La autoridad educativa de cada estado publicará las autorizaciones de ajustes al calendario determinado por la SEP. El proyecto de reforma no incluye disposiciones sobre el número de horas obligatorias a cumplir.
En su exposición de motivos, el Ejecutivo federal argumenta a favor de la flexibilidad en el calendario escolar: “México es uno de los países con mayor número de días y horas de instrucción obligatoria”, pero las pruebas internacionales no arrojan una correlación positiva entre la actual duración del ciclo lectivo y el éxito escolar. Por tanto, “no se usa eficientemente el total de tiempo de clases ni se logra involucrar activamente al total de los alumnos en ellas”.
Se busca así “una nueva estructura del calendario escolar que responda al objetivo de lograr mejores aprendizajes educativos y a introducir flexibilidad en su diseño y aplicación”.
Refirió que en 1992, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se decidió ampliar el calendario escolar de 180 a 200 días, con el argumento de que con más días de clases la calidad de la educación automáticamente mejoraría. La medida tuvo un impacto relativamente positivo en los primeros años.
La iniciativa con su dictamen de impacto presupuestario fue turnada por el presidente de la mesa directiva, Roberto Gil Zuarth, a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen.
Por la noche, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que “se abonará a la autonomía de gestión de las escuelas, para decidir la organización de actividades, como las reuniones de los Consejos Técnicos Escolares”.
