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La Comisión de Justicia del Senado aprobó un proyecto de iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que busca tipificar los actos de corrupción cometidos por servidores públicos y castigar con mayor severidad cualquier acción de este tipo.
La propuesta —presentada en noviembre pasado por el senador Humberto Fernández (PRD)— considera como miembros del crimen organizado a los integrantes de asociaciones delictuosas que se formen con particulares o con servidores públicos.
El dictamen plantea que cuando un miembro de una organización o banda delictiva sea servidor público, se le imponga la destitución de su cargo, le den prisión de 10 a 15 años y 150 días de multa, además de inhabilitarlo por tres años o de forma permanente del servicio público.
En caso de pertenecer a las Fuerzas Armadas, serán sancionados con la inhabilitación de entre cinco años y hasta de forma permanente para desempeñar cargo o comisión.
Exhorto. La Comisión de Justicia aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República para que remita un informe detallado sobre el número de averiguaciones previas abiertas por desaparición forzada.
El presidente de la comisión, Fernando Yunes (PAN), destacó que tras escuchar las experiencias de los familiares de víctimas de desaparición forzada, en los foros que se han realizado, aprobarán la ley para este tipo de casos.
La senadora Cristina Díaz (PRI) recordó que el Senado y la Presidencia de la República han realizado audiencias públicas sobre desparición forzada, como herramienta de apoyo para legislar en la materia.
Angélica de la Peña (PRD) señaló que la legislación sobre desaparición forzada y entre particulares es un tema pendiente que los senadores tienen ante la sociedad mexicana.
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