Plantean sanciones para empresas que sobornen

juan.arvizu@eluniversal.com.mx

Sanciones a empresas que incurran en actos de sobornos a funcionarios públicos, incluirá la legislación secundaria en materia anticorrupción, cuyo anteproyecto, preparado por el presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Pablo Escudero Morales (PVEM), revisan las bancadas para votar el paquete de cinco leyes a más tardar el 12 de abril próximo.

Los legisladores podrían sumar consenso para que las empresas que incurran en cohecho y otros delitos queden impedidas de volver a recibir contratos por servicios u obras. Para los servidores públicos involucrados, se propone la inhabilitación para ocupar puestos de gobierno hasta por 20 años.

Al valorar la composición y coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, el predictamen apunta al fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública, que al inicio de la actual administración federal se propuso extinguir, y se plantea que “es necesario reestablecer formalmente a la SFP y dotarla de las atribuciones que le fueron eliminadas”.

Desde esta semana se entregaron a los senadores copias del proyecto, que fue elaborado con las distintas iniciativas de leyes que se han acumulado, tras la aprobación, el año pasado, de la reforma constitucional en materia anticorrupción.

“En el paquete de textos de leyes fueron asimiladas 11 proyectos. También se deberá considerar la iniciativa ciudadana 3 de 3”, dijo por su parte el senador Alejandro Encinas Rodríguez (PRD).

Explicó que la iniciativadeberá presentarse al Senado el próximo martes 15 de marzo, y que contempla mecanismos para la presentación de las declaraciones patrimonial, de impuestos y de intereses.

Los proyectos que se revisan corresponden a la Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, el marco legal que fortalece la Auditoría Superior de la Federación, la ley que instituye el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que permitirán crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

De las 11 propuestas, 10 corresponden a senadores del PRD y PAN por separado y en forma conjunta, mientras que la última es propuesta de Pablo Escudero Morales (PVEM) y Enrique Burgos (PRI).

Los particulares serán objeto de sanciones por cometer actos comprobados de corrupción. Al respecto se considera precisar faltas que cometan las personas físicas y morales.

Las personas físicas, plantea el anteproyecto, serán inhabilitadas para participar en licitaciones federales, estatales y municipales por un periodo de tres meses a ocho años, y obligadas a cubrir una indemnización por daños y perjuicios que hayan ocasionado al erario.

Se consideran sanciones económicas para las personas morales, de dos veces los beneficios que hayan obtenido, así como su inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, así como suspender sus actividades comerciales, contractuales o de negocios.